MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Los talibán han reclamado este viernes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que "no siga con su fallida política de presión", después de que el organismo criticara la prohibición de los fundamentalistas a que las mujeres trabajen para agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales.
"El Consejo de Seguridad de la ONU no debería continuar la fallida política de presión. Toda posición adoptada que no esté fundamentada en una profunda comprensión no dará los resultados deseados y será siempre inefectiva", ha dicho Anas Haqqani, un alto cargo de los talibán.
Así, ha manifestado en una serie de mensajes publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter que "hubiera sido mejor que el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera sopesado la retirada de sanciones diplomáticas y financieras (contra Afganistán).
Haqqani, antiguo miembro del equipo negociador de los talibán y hermano del actual ministro del Interior y líder de la Red Haqqani, Sirajudín Haqqani, ha indicado que estas sanciones suponen "un castigo colectivo a los afganos".
"La postura de brazos abiertos del Emirato Islámico es una solución a los problemas, algo que no son estas medidas", ha remachado, horas después de que se aprobara de forma unánime una resolución reclamando una "participación plena, igualitaria, significativa y segura de las mujeres y las niñas en Afganistán".
El Consejo de Seguridad de la ONU ha exigido además a los talibán "que reviertan rápidamente sus políticas y prácticas que restringen el disfrute de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas, incluidos los relacionados con su acceso a la educación, el empleo, la libertad de circulación y la participación en la vida pública".
Además, la resolución pide a las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el poder en agosto de 2021 a raíz de la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani, que garantice que las mujeres puedan trabajar en agencias de la ONU y ONG para poder atender a las miles de personas que necesitan asistencia, tanto alimentaria como médica o educativa.
Las autoridades afganas han hecho frente a críticas por sus restricciones de las libertades civiles, incluido el cierre de centros educativos y la exclusión de las alumnas de los mismos, en medio de una batería de medidas discriminatorias contra las mujeres que las alejan de sus puestos de trabajo y rigen aspectos de su vida diaria.
