BROWNSVILLE, Texas, EE.UU. (AP) — Debajo de un conjunto de carpas blancas en la frontera entre Estados Unidos y México en Brownsville, Texas, decenas de hombres venezolanos aguardaban. Algunos estaban sentados en las aceras y otros se recargaban sobre barricadas de metal. Cuando las puertas se abrieron finalmente, la larga fila de hombres avanzó lentamente por el área peatonal rumbo al puente y cruzó el río Bravo hacia México.
Durante las últimas semanas, personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) ha estado organizando estas expulsiones tres veces al día, dado que aproximadamente 30.000 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, han ingresado a Estados Unidos por esta área desde mediados de abril. Esa cifra es muy superior a los 1.700 migrantes que los agentes de la Patrulla Fronteriza hallaron durante las dos primeras semanas de ese mes.
En el otro extremo del estado, en El Paso, las autoridades lidian con otra oleada de migrantes y temen que miles más estén esperando para cruzar.
Todo esto sucede en un momento en que las autoridades estadounidenses se preparan para el fin de una política vinculada a la pandemia de coronavirus —el llamado Título 42 de una ley de salud pública de 1944_, la cual les permitió expulsar rápidamente a muchos migrantes, y cuya eliminación ha agudizado las preocupaciones de que ello derive en un ingreso aún mayor de migrantes sin autorización legal a través de la frontera sur.
“Llevamos bastante tiempo preparándonos y estamos listos. Lo que esperamos de hecho es un incremento. Y lo que estamos haciendo es planificar para diferentes niveles de aumento”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la semana pasada durante una visita al sur de Texas. Pero también hizo énfasis en que la situación en la frontera es “extremadamente desafiante”.
Mayorkas habló desde un lugar en Brownsville donde las autoridades estadounidenses habían colocado una carpa e instalaciones como baños portátiles para los inmigrantes. Dijo que resulta difícil identificar la causa del reciente incremento de venezolanos, pero indicó que Estados Unidos trabaja con México para abordar la situación y pronosticó que “muy pronto” habrá un cambio.
Muchos de los que cruzan la frontera lo hacen por Brownsville, limítrofe con la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros. Brownsville se vio sacudida por otra crisis el domingo cuando una camioneta atropelló a un grupo de personas que esperaban en una parada de autobús frente al albergue para migrantes de la ciudad. Ocho personas murieron, en su mayoría hombres de Venezuela.
Ricardo Márquez, un venezolano de 30 años, llegó a un albergue en McAllen luego de cruzar la frontera con su esposa y su hija de 5 meses en Brownsville. Salieron de Venezuela porque su hija requiere una cirugía. Habían cruzado el río Bravo luego de pasar un mes en Matamoros tratando de obtener una cita a través de una aplicación que Estados Unidos usa con el fin de programar citas para quienes llegan a la frontera e intentan entrar al país.
Funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden dicen que se han estado preparando durante más de un año para la conclusión de la aplicación del Título 42. La estrategia se ha basado en proporcionar más vías legales para que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos sin tener que realizar la peligrosa travesía a la frontera. Eso incluye cosas como la creación de centros en países extranjeros donde los migrantes puedan solicitar autorización para emigrar, así como un permiso humanitario de permanencia temporal que ya está en marcha con 30.000 lugares al mes para migrantes procedentes de cuatro países. A partir del 12 de mayo, Washington ampliará la cantidad de citas disponibles a través de la aplicación CBP One que Márquez intentó usar. Cuando fue lanzada, muchos migrantes y defensores de éstos criticaron la aplicación, indicando que sufría problemas técnicos y que simplemente no había suficientes citas.
La estrategia también tiene muchas consecuencias. Estados Unidos propone una norma por la que se limitaría severamente el asilo para migrantes que viajan primero a través de otro país, se revisaría rápidamente a los migrantes que solicitan asilo en la frontera, se deportaría a quienes se considere que no cumplen con los requisitos, y se prohibiría el reingreso por cinco años a los deportados.
Muchas de estas consecuencias han sido criticadas severamente por grupos defensores de los derechos de los migrantes, que incluso han llegado a comparar tales políticas con las del entonces presidente Donald Trump, y consideran que el derecho a solicitar asilo en territorio estadounidense es inviolable.
Gran parte de la estrategia del gobierno de Biden también enfrentará impugnaciones jurídicas en las próximas semanas. Es casi seguro que la norma propuesta para limitar el asilo será blanco de demandas. Y los estados de tendencia republicana quieren detener el uso del permiso humanitario por parte del gobierno demócrata en una escala tan grande.
Además, el gobierno estadounidense ha estado aumentando los vuelos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para expulsar gente del país, vuelos como el que despegó recientemente de un aeropuerto en Harlingen, Texas. Poco después del amanecer, tres autobuses se detuvieron al lado de un avión. Uno por uno, los migrantes bajaron de los autobuses. Iban esposados, atados de las piernas y con mascarillas quirúrgicas. Primero fueron sometidos a cacheos para ver si llevaban artículos de contrabando antes de subir lentamente las escaleras hacia el avión. En total, 133 migrantes fueron enviados de regreso a su país de origen, Guatemala.
Pero esos vuelos sólo funcionan si los países los aceptan. Venezuela no. Y Colombia ha anunciado que está suspendiendo la aceptación de vuelos de deportación debido al trato “cruel y degradante” que las autoridades de Estados Unidos dan los migrantes.
Funcionarios del gobierno federal señalan que están utilizando tecnología para acelerar el trámite de los migrantes que cruzan la frontera sin permiso y utilizando el procesamiento móvil, con el fin de poder procesar a los migrantes mientras son trasladados en autobús o camionetas, por ejemplo. Han presionado para digitalizar documentos que agentes de la Patrulla Fronteriza solían llenar a mano. Y han reforzado la contratación de personal externo para que los agentes puedan permanecer en su trabajo de campo.
No obstante, los detractores han criticado al gobierno federal, diciendo que no está haciendo lo suficiente. Kyrsten Sinema, senadora federal independiente por Arizona, dijo el domingo en el programa “Face the Nation” de CBS que Washington no está comunicándose con los gobiernos locales sobre varios asuntos, como qué tipo de oleada esperar o si habrá autobuses disponibles para trasladar a los migrantes. Y señaló que la decisión de enviar a 1.500 soldados a la frontera se tomó demasiado tarde.
En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott dijo el lunes que desplegará equipos “tácticos” de la Guardia Nacional esta semana en los puntos de cruce más concurridos. Abbott, que durante años ha acusado al gobierno de Biden de no hacer lo suficiente en la frontera, agregó que “muchos miles (de migrantes) más” serán llevados en autobús en los próximos días a ciudades gobernadas por demócratas en otros estados del país.
“No tenía que ser así”, dijo Abbott, hablando en Austin al tiempo que miembros de la Guardia Nacional abordaban cuatro aviones de carga C-130 detrás de él.
En las comunidades fronterizas con México, funcionarios y grupos comunitarios que atienden a los migrantes recién llegados están preocupados por lo que significa el fin del Título 42. La hermana Norma Pimentel dirige el Centro de Alivio Humanitario de Caridades Católicas, el albergue más grande del sur de Texas.
El albergue funciona principalmente como un centro de recursos donde los migrantes pueden comprar boletos, hacer llamadas, comer y descansar antes de viajar a su próximo destino, donde a menudo tienen familiares u otros contactos. Pero Pimentel señaló que muchos de los venezolanos de esta última oleada no tienen contactos en Estados Unidos, lo que les dificulta trasladarse a donde desean ir.
“Eso se convierte en un problema para nosotros”, dijo.
El gobierno estadounidense da dinero a las comunidades para ayudarlas a lidiar con el aumento en el número de migrantes. El viernes, Washington anunció que se han desembolsado 332 millones de dólares a 35 gobiernos municipales y organizaciones de servicios. La mayoría de ese dinero va destinado a comunidades cercanas a la frontera “debido a las emergencias que están enfrentando”, pero las ciudades alejadas de la frontera también reciben fondos.
En El Paso, Texas, cerca de 2.200 migrantes acampan o viven en las calles a pocas cuadras de los principales cruces fronterizos que la conectan con Ciudad Juárez, México. El Paso se prepara para abrir albergues la próxima semana en caso de ser necesario en dos edificios escolares vacíos y un centro cívico.
El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, estimó que aproximadamente entre 10.000 y 12.000 migrantes se encuentran en Ciudad Juárez esperando para cruzar, en un momento en que las autoridades locales se preparan para lo “desconocido”. Leeser dijo que los migrantes acuden en masa a la frontera bajo la falsa suposición de que les será más fácil ingresar a Estados Unidos una vez que el Título 42 desaparezca, pero para muchos podría haber consecuencias más severas.
Es un mensaje que las autoridades federales han estado repitiendo. Pero compiten contra una poderosa red de tráfico de personas que facilita la migración hacia el norte y saca provecho de la desesperación de los migrantes, que sienten que no tienen otra opción.
En el puerto de entrada de Brownsville, el personal de la CBP dice que ha realizado simulacros para prepararse en caso de que haya una oleada de migrantes que intenten cruzar y sea necesario cerrar el puente fronterizo. Los peatones cruzan desde Matamoros usando una pasarela cubierta en la que caben pocas personas a lo ancho. Preocupadas por el impacto de las largas filas de migrantes que llegarán al cruce después del 11 de mayo sin contar con una cita, las autoridades migratorias de Estados Unidos le han solicitado a la gente que programe citas a través de la aplicación CBP One.
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Gonzalez reportó desde McAllen, Texas. Los periodistas de The Associated Press Morgan Lee en Santa Fe, Nuevo México, y Paul J. Weber en Austin, Texas, contribuyeron a este despacho.
