ESTAMBUL (AP) — Mientras Turquía se preparaba para las elecciones presidenciales y parlamentarias del fin de semana, que se planteaban como el mayor desafío al presidente, Recep Tayyip Erdogan, en sus 20 años en el poder, crecían las quejas sobre la limpieza de la votación.
La oposición turca dice desde hace tiempo que las elecciones se celebran en un terreno desigual, algo que a menudo reiteran los observadores internacionales.
La cobertura mediática es el ejemplo más evidente de la ventaja de Erdogan sobre sus rivales, aunque también influyen factores como el empleo de recursos del estado durante la campaña y una interpretación cuestionable de la ley electoral.
En torno al 90% de los medios turcos están controlados por el gobierno o sus aliados, según Reporteros Sin Fronteras, lo que garantiza una cobertura abrumadora para el presidente. Apenas un puñado de diarios de la oposición se sigue imprimiendo en papel, y la mayoría ha pasado a ediciones puramente digitales.
Erdogan tuvo en abril casi 33 horas de cobertura en la principal televisora estatal, según miembros de la oposición en la agencia de supervisión de medios. El candidato rival a la presidencia, Kemal Kilicdaroglu, recibió 32 minutos.
El principal partido de la oposición, el Partido republicano Popular, o CHP, inició el mes pasado un proceso legal contra la cadena TRT por no emitir su video de campaña.
“Por desgracia, la Corporación Turca de Radio y Televisión ha dejado de ser una institución imparcial y objetiva y se ha convertido en la Corporación Tayyip de Radio y Televisión”, dijo el legislador del CHP Tuncay Ozkan.
Los medios independientes que quedan también sufren cada vez más restricciones. La autoridad de medios RTUK multó el mes pasado a los canales independientes Fox News, Halk TV y TELE1 por noticias y comentarios considerados como una violación de las regulaciones. Ilhan Tasci, miembro de RTUK nombrado por la oposición, dijo que en los tres casos las cadenas fueron acusadas de criticar o cuestionar acciones del partido en el gobierno.
En un comunicado tras las últimas elecciones presidenciales y generales en 2018, observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa señalaron que Erdogan y su Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna el país, disfrutaban de “una ventaja indebida, incluida la cobertura excesiva por parte de medios públicos y privados afiliados al gobierno”.
La influencia del gobierno también se ha trasladado a medios sociales, donde muchas voces opositoras han ido enmudeciendo.
Una ley sobre “desinformación” introducida en octubre contempla penas de hasta tres años de prisión por difundir información falsa “con el único objetivo de crear ansiedad, miedo o pánico entre la población”.
Sinan Aygul, el único periodista en ser procesado bajo la nueva ley, recibió en febrero una pena de prisión de 10 meses. Está en libertad mientras apela.
“El objetivo real es silenciar todas las voces disidentes en la sociedad”, dijo Aygul, presidente de la asociación de periodistas en Bitlis, en el sureste de Turquía. Es “una ley que persigue a cualquiera que exprese una opinión. Persigue no sólo a las personas, sino también a las organizaciones de medios”, añadió.
La imprecisa ley convierte “actividades periodísticas básicas” en crímenes, explicó Aygul, que señaló que podría utilizarse durante los comicios para perseguir a grupos que quieren proteger la seguridad de las urnas y emplean redes sociales para denunciar abusos.
“Si va a haber fraude en las elecciones, todos los canales de la oposición serán silenciados utilizando esta ley”, afirmó.
La imposición del estado de emergencia sobre las 11 provincias afectadas por el terremoto de febrero también ha planteado el temor a cómo se celebrarán las elecciones en la región. Un reporte de Naciones Unidas publicado el 11 de abril indicó que al menos tres millones de personas se han trasladado de sus hogares en la zona del sismo, muchos de ellos para instalarse en otras partes del país.
Sin embargo, apenas 133.000 personas de la región del sismo se han registrado para votar fuera de sus provincias natales, según indicó el mes pasado el Consejo Supremo Electoral. Ahmet Yener añadió que las autoridades electorales supervisan los preparativos, lo que incluye instalar centros de votación en refugios temporales.
En 2018, el estado nacional de emergencia impuesto tras un intento de golpe de Estado en 2106 se mantuvo en vigencia hasta poco antes de los comicios, lo que según la OSCE restringió la cobertura mediática y las libertades de asamblea y expresión.
Erdogan ha redoblado sus apariciones públicas, seguidas de cerca por la mayoría de las televisoras, y utiliza esos actos oficiales para atacar a sus rivales. En una ceremonia el viernes del Eid al-Fitr el mes pasado con motivo de las renovaciones en la Mezquita Azul de Estambul, acusó a la oposición de “trabajar con grupos terroristas”.
La tarde anterior, los líderes de cuatro partidos políticos aliados con el AKP estaban presentes en un acto para inaugurar la entrega de gas natural del Mar Negro, a pesar de que ninguno tiene un puesto en el gobierno.
Otros grandes proyectos presentados antes de la votación son la primera central nuclear de Turquía, construida por Rosatom, la compañía estatal rusa de energía nuclear, y varias novedades en defensa.
Los críticos también señalan que se ha forzado la ley electoral para permitir que ministros del gobierno mantengan sus cargos mientras se presentan a escaños en el parlamento, pese a los requisitos legales de lo contrario.
La junta electoral ha sido criticada en el pasado por inclinarse a favor de las objeciones del AKP en los comicios.
En la votación de 2019, el candidato vencedor a alcalde de Estambul, que salió victorioso, tuvo que enfrentar una repetición de los comicios por quejas del AKP de irregularidades. Los resultados a las votaciones de distrito y concejales de la ciudad, que habían empleado las mismas urnas y favorecían al AKP, no fueron cuestionados.
Adem Souzer, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estambul, dijo al diario opositor Cumhuriyet que los votantes habían perdido la confianza en las autoridades electorales. “Hay una sospecha generalizada en una parte significativa de la sociedad sobre que las elecciones estarán amañadas”, indicó.
