CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una corte de apelaciones guatemalteca confirmó el martes la sentencia de cuatro años de prisión impuesta a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, condenada por abuso de autoridad tras denunciar a un juez que filtraba información.
Tras denunciar al juez, éste con apoyo de la fiscalía, denunció a Laparra, logrando que una jueza la juzgara y la enviara a la cárcel.
Amnistía Internacional (AI) declaró a Laparra presa de conciencia y ha exigido su liberación. Laparra dice que las acusaciones en su contra son parte de la venganza por combatir la corrupción en el país.
Durante la administración del presidente Alejandro Giammattei, más de 35 funcionarios del sistema judicial han buscado el exilio y denunciado una criminalización por parte de la fiscal general Consuelo Porras después de que abordaran temas relacionados con la corrupción y crímenes de lesa humanidad.
A pesar de que existe la posibilidad de conmutar la condena con un pago equivalente a unos 2.000 dólares, la exfiscal, que lleva presa un año y tres meses, insiste en su inocencia y apeló el fallo, pero los jueces a cargo de la causa le han negado la libertad.
La condena de Laparra ha generado duras críticas nacionales e internacionales que exigen al gobierno poner fin a la criminalización de funcionarios relacionados con la justicia.
Al conocer la decisión de la Corte de Apelaciones AI, condenó la decisión. La defensa de la exfiscal aún puede apelar la decisión ante la Corte de Constitucionalidad.
Laparra denunció en 2018 al entonces juez Lesther Castellanos Rodas por filtrar información de un proceso judicial reservado a su amigo y abogado Omar Barrios, externo al caso. Tras la denuncia, el juez recibió una sanción administrativa que fue revocada por la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente Castellanos denunció a Laparra, que trabajaba en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y señaló que ella actuó sin la autorización del jefe de esa fiscalía, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos. El argumento fue aceptado por el tribunal para emitir la condena contra la fiscal.
En el juicio participaron como querellantes los directivos de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, activistas de ultraderecha que defienden a militares acusados de crímenes de guerra. Los dos fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por obstruir la lucha anticorrupción en Guatemala y socavar la democracia.
La fundación no tiene involucramiento en el caso, pero la Fiscalía General los aceptó como parte en el proceso legal. Méndez Ruiz mantiene cercanía con Porras, titular del Ministerio Público a quien Estados Unidos sancionó cancelándole la visa.
