MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La campaña contra el narcotráfico de Duterte está ahora mismo bajo investigación por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad. Lo que comenzó como una serie de operaciones selectivas contra los cabecillas del narcotráfico acabó extendiéndose de manera indiscriminada contra drogodependientes y delincuentes, que se saldó con entre 6.200 y 30.000 muertos, dependiendo de fuentes oficiales u ONG, desde el inicio de la campaña en 2016 hasta el final del mandato de Duterte en junio de 2022.
El sucesor de Duterte, que se encuentra de visita oficial en Estados Unidos, explicó este pasado jueves ante el foro del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington que la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad durante la campaña se debió a una distorsión del "destacado énfasis en el cumplimiento de la ley" que caracterizó la política antidroga del Gobierno de Duterte.
"Es por eso que, podríamos decir, ciertos elementos del Gobierno cometieron abusos que despertaron cierta preocupación sobre la situación de los Derechos Humanos en el país", ha explicado Marcos durante su comparecencia, recogida por el diario filipino 'Inquirer' en su edición digital.
Aunque Marcos ha matizado que en modo alguno estaba hablando por Duterte o "lo que le rondaba por la cabeza" en el momento de ordenar la campaña, el actual presidente filipino expresó en voz alta sus dudas sobre la eficacia de las más de 230.000 operaciones antidroga efectuadas por las fuerzas de seguridad filipinas durante esos años.
"Los sindicatos (mafias) se han vuelto más fuertes, más ricos y más influyentes", ha indicado antes de recordar que la lucha contra la droga sigue siendo prioridades de su Gobierno, si bien ahora el enfoque es radicalmente distinto; uno marcado por el desarrollo de políticas de rehabilitación y por la rendición de cuentas de los efectivos de seguridad acusados de abusos contra la población civil.
En este sentido, el presidente filipino estimó que unos 953 agentes han sido investigados en el marco de la investigación interna emprendida por la Policía Nacional de Filipinas. De ellos, 36 serán sometidos a una segunda investigación más profunda mientras que 917 han sido absueltos, si bien han terminado presentando su dimisión.
Sobre la investigación de TPI sobre la campaña, cabe recordar que Filipinas decidió abandonar la corte en 2019 en represalia por la apertura de las pesquisas y el presidente Marcos todavía no se ha pronunciado sobre la posibilidad de reincorporarse, mientras que la Fiscalía del país defiende que se trata de un asunto interno que compete exclusivamente a las autoridades judiciales nacionales.
