MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Ecuador cumple así con una directiva previamente acordada que declara como "amenaza terrorista" a los grupos delictivos del país. El decreto permite a las Fuerzas Armadas utilizar "todos los medios a su disposición" para "reprimir" y "contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas", en colaboración con la Policía Nacional.
El decreto contempla también la posibilidad de que los militares o los agentes se enfrenten a procesos penales como consecuencia de alguna acción antiterrorista, y exige al Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) --encargado de la gestión de los centros penitenciarios-- que tome "estrictas previsiones de seguridad" en esos casos para "garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad".
Se prevé también que el Ministerio de Economía asigne recursos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para poder financiar las operaciones con todos los medios necesarios.
Este decreto atiende a la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador (COSEPE), que tras una reunión elaboró una serie de recomendaciones para el presidente enfocadas en combatir la violencia de grupos armados, a los que otorgó la calificación de amenaza terrorista.
Durante los primeros meses de 2023, Ecuador ha sufrido un repunte de la violencia armada con el cometimiento de homicidios, asesinatos y sicariatos.
Más recientemente, un ataque en un puerto de Esmeraldas --la provincia ecuatoriana más violenta en los últimos meses-- dejó nueve muertos. También este sábado se produjo un ataque en un taller de Guayaquil que se saldó con diez muertos.
