BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)
Hasta el 65% de los paquetes que entran en la UE están infravalorados para evitar los derechos de importación, por lo que esta revisión busca reforzar la capacidad de las aduanas para supervisar las cadenas de suministro e intervenir cuando sea necesario, además de reducir trámites administrativos y burocracia innecesaria.
La reforma generará una nueva asociación entre aduanas respaldada por una inteligencia artificial basada en datos que simplifique masivamente o incluso elimine por completo la necesidad de declarar en aduana y un marco más moderno para el comercio electrónico que reduzca los enormes niveles de fraude en el sector e introduzca más transparencia y tranquilidad para los consumidores.
Bruselas calcula que el centro de datos, que sustituirá a la actual infraestructura informática de las aduanas de los Estados miembro, les ahorrará hasta 2.000 millones de euros al año en costes de desarrollo y mantenimiento informático, mientras que, gracias a las simplificaciones propuestas, las empresas reducirán también sus costes de cumplimiento en 2.700 millones de euros al año.
En el sistema actual a menudo son varios los agentes que se encargan de los trámites aduaneros de las mercancías que entran o salen de la UE, lo que dificulta saber quién es el importador o el exportador, mientras que con las nuevas normas cada envío de mercancías estará vinculado a una empresa o persona de la UE que será responsable del cumplimiento de los pagos de derechos y las normas sobre productos.
Aunque algunas disposiciones clave del nuevo reglamento del Código Aduanero de la Unión se aplicarán poco después de su la adopción, habrá un período de transición de 10 a 15 años durante el cual se mantendrán algunas de las prácticas actuales, lo que garantizará que el despliegue gradual del nuevo modelo sin perturbar las operaciones aduaneras.
El régimen aduanero a medida para el comercio electrónico se aplicará a partir de 2028, cuando el centro de datos aduaneros de la UE entre en una primera fase operativa limitada, pero los operadores empezarán a utilizar la plataforma a partir del 1 de enero de 2032 y estarán obligados a hacerlo a partir del 1 de enero de 2038.
Las propuestas legislativas se enviarán ahora al Parlamento Europeo y al Consejo de la para que inicien las negociaciones de cara a un acuerdo, y al Comité Económico y Social Europeo para su consulta.
