BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)
El visto bueno de los gobiernos se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas por lo que queda que las decisiones sean refrendadas formalmente en una reunión ordinaria de ministros europeos antes de que se inicien las negociaciones.
"Se trata de un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", ha celebrado la presidencia de turno de la UE, que este semestre ocupa Suecia, en un comunicado para anunciar el acuerdo entre las capitales, sin dar más detalles del contenido de cada mandato.
El objetivo de los acuerdos, cuyos mandatos surgen a raíz de recomendaciones de la Comisión Europea, será el de afianzar el intercambio de información personal entre Europol y las autoridades de estos países terceros para combatir los delitos transnacionales graves, por ejemplo luchando contra la entrada ilegal de drogas en Europa o la ciberdelincuencia, pero deberán también ofrecer garantías respecto a la protección de la privacidad, los datos personales y los derechos y libertades fundamentales de las personas.
Para ello, Bruselas pidió que la cooperación y el intercambio de datos en virtud de los acuerdos que se negocien se limiten únicamente a aquellos delitos e infracciones penales que formen parte de las competencias de Europol.
Además, se deberán "establecer con claridad y precisión las salvaguardias y controles necesarios" para la protección de datos personales y de los derechos fundamentales y las libertades de las personas, con independencia de su nacionalidad y de su lugar de residencia, cuando se produzca el intercambio entre Europol y las autoridades nacionales.
También se deberá asegurar que la información intercambiada respetará el principio de especificidad, que garantiza que los datos no se tratarán para fines distintos de aquellos para los que se han transmitido, y Europol podrá introducir restricciones de acceso o uso en el momento de la transmisión de los datos.
Detalles como el origen étnico, las opiniones políticas, orientación sexual, salud, convicciones religiosas o afiliación sindical sólo podrán ser compartidos cuando sea "estrictamente necesario, razonable y proporcionado" en cada caso individual para "prevenir o combatir un delito" y siempre que complementen otros datos personales.
