MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Esta comisión, que dirime las disputas en el mercado de derivados, ha llegado a la conclusión unánime este miércoles de que no se produjo un "evento crediticio por intervención estatal" y que, tras revisar las cláusulas de clasificación de los bonos AT1, estos no ameritan preferencia respecto de un bono subordinado que vencía en 2020. Por lo tanto, estos últimos eran acreedores prioritarios frente a los bonos AT1 en el orden de prelación.
De forma similar, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma) ya defendió a finales de marzo la decisión de amortizar completamente los instrumentos de capital AT1 emitidos por Credit Suisse ya que así lo contemplan los prospectos de emisión de los bonos y la normativa del Consejo Federal suizo en caso de "evento de viabilidad", particularmente si existe apoyo extraordinario por parte del Gobierno.
ADQUISICIÓN DE CREDIT SUISSE
Por su parte, UBS ha informado este mismo miércoles que estima un impacto adverso por la fusión con Credit Suisse de unos 17.000 millones de dólares (15.630 millones de euros) en relación con deterioros en el valor de activos y litigios.
En concreto, unos 13.000 millones de dólares (11.953 millones de euros) procederán de "ajustes de valor razonable en activos y pasivos financieros", mientras que el impacto negativo por litigios y costes regulatorios ascendería a unos 4.000 millones de dólares (3.678 millones de euros).
En la documentación, UBS recuerda que la consideración de la fusión se determinó sobre la base de las conversaciones con el Gobierno suizo y se acordó con Credit Suisse después de negociaciones "en circunstancias de emergencia", durante las cuales se pudo realizar "una 'due diligence' limitada" para considerar a fondo los pasivos y las debilidades de Credit Suisse.
