MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El anuncio del final del Título 42, la legislación implementada por el Gobierno del expresidente Donald Trump durante la pandemia que permitía las devoluciones en caliente en las fronteras, ha atraído a unas 15.000 personas a la región con la "esperanza de cruzar hacia territorio estadounidense, y la gran mayoría duerme en las calles o albergues saturados".
"La situación puede ser muy crítica, podríamos decir que son casi 4.000 niñas y niños los que están expuestos a riesgos importantes como la violencia, el abuso, afectaciones graves a su salud física y mental e incluso la separación familiar (...). Las familias están desesperadas y muchas de ellas pueden estar dispuestas a arriesgar sus vidas al intentar cruzar la frontera por puntos peligrosos como el desierto o el río Bravo", ha afirmado la directora de Save the Children en México, Maripina Menéndez, en un comunicado.
Save the Children ha asegurado que la exposición a estos riesgos se suman la "ansiedad, miedo e incertidumbre", sentimientos que se ven intensificados por las dudas sobre su futuro y después de huir de la pobreza y la violencia en sus países de origen.
"La verdad que me pone triste saber que no podemos intentar cruzar, ahora con la aplicación (CBP One) esperamos entrar de buena manera, pero es muy lento el proceso y poco claro, a mis hijos trato de no decirles nada, pero si se dan cuenta y me ven muy triste. Ellos se ponen tristes de saber que llevamos mucho tiempo acá. Es injusto que ahora nos hagan ver como delincuentes, nosotros solo buscamos protección para nuestros hijos", ha contado Susana, una venezolana de 29 años, a la ONG.
Menéndez ha explicado como la organización ha presenciado la devolución de migrantes a territorio mexicano, y ha mostrado su preocupación por el "descuido" de la infancia debido al "alto estrés" que sufren los padres, y ha informado de la presencia de mafias en la zona cuyo objetivo es "sobornar" o "reclutar" a los migrantes.
La organización ha llamado al Gobierno mexicano a "fortalecer los programas y políticas internas de protección de la niñez y la adolescencia", y ha asegurado que tienen una "responsabilidad importante" respecto a garantizar los Derechos Humanos de todos los migrantes que llegan a la región.
