MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Este decreto ha sido firmado por el presidente y ha entrado en vigor horas después de que el Supremo mexicano aprobase por mayoría el invalidar el anterior, que al dotar de esta categoría a las obras permitía tomarlas como una prioridad para el Gobierno.
Además de dotar de prioridad a estos proyectos, el decreto permite que no se informe al público de su evolución, citando un riesgo para la seguridad nacional del país, algo criticado por la presidenta del Tribunal Constitucional, Norma Lucía Piña, que considera que la revisión del estado de este tipo de iniciativas debe darse "caso por caso" y no agrupadas en un mismo decreto.
"La doctrina constitucional, que yo he compartido desde hace más de cinco años, ha establecido que la reserva (de la información relativa a estas obras) debe hacerse caso por caso, previa prueba de daño y que el sujeto obligado debe realizarlo de manera fundada y motivada", ha asegurado en declaraciones recogidas por el diario 'El Universal'.
El texto del decreto indica que son prioridad "la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes (...) tanto del Tren Maya, (...) como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, (...) así como los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo".
