AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Cuando Mayah Zamora resultó herida a tiros en la escuela primaria Robb, su familia hizo lo que hacen muchos sobrevivientes de masacres: interpusieron una serie de querellas.
Demandaron a la tienda de Uvalde, Texas, que vendió un fusil de asalto tipo AR-15 al adolescente asesino. Demandaron al fabricante del arma. Demandaron a la policía, que esperó durante 77 minutos frente al aula de cuarto grado de primaria donde se encontraba Mayah antes de detener la masacre. Para entonces, ya habían muerto 19 chicos y dos docentes.
“Lo que buscamos, sobre todo, es algún tipo de justicia”, explica Christina Zamora, la madre de Mayah.
Mientras se prolonga la realidad sombría de la violencia armada, tanto el gobierno estadounidense como los fabricantes de armas han llegado a acuerdos de resolución tras algunas de las peores masacres con grandes sumas de dinero. En abril, el Departamento de Justicia anunció el pago de 144 millones de dólares a parientes y familias de las víctimas de un ataque a una iglesia en Texas en 2017, perpetrado por un exaviador de la Fuerza Aérea que tenía antecedentes penales.
Las dolidas familias de los sobrevivientes en Uvalde y otras masacres dicen que con sus demandas intentan obtener una rendición de cuentas y prevenir nuevos ataques, sea mediante reformas, afectando las ganancias de la industria armamentista o reforzando una averiguación de antecedentes cuyos defectos permitieron a los atacantes comprar sus armas.
Pero a pesar de dos sentencias el año pasado que obligaron a los fabricantes a pagar grandes sumas y de que algunos estados gobernados por demócratas anulan ciertas protecciones a esta industria, las demandas no sólo enfrentan grandes obstáculos, sino que estos se vuelven mayores en algunos lugares.
El 11 de mayo, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, sancionó una nueva ley que protege de las demandas a los fabricantes de armas, semanas después la matanza de seis personas en una escuela en Nashville, la capital estatal.
Los abogados dicen que la estrecha senda para que las víctimas inicien demandas ha empezado a ensancharse, incluso para las familias en Uvalde, al cumplirse el miércoles próximo el primer aniversario de la mayor matanza de escolares de la historia de Texas.
“Creo que hay mayores oportunidades para obligar a la rendición de cuentas que cinco a 10 años atrás”, sostiene Eric Tirschwell, director ejecutivo de Everytown for Gun Safety, una organización que desde hace años inicia demandas contra la industria armamentista y participa del caso Uvalde.
La trayectoria de las demandas por masacres es de altibajos. La industria armamentista goza de la protección de una ley federal llamada Protección del Comercio Legal de Armas, que, sin embargo, no exime ni inmuniza totalmente a los fabricantes.
A lo largo del decenio pasado, las cortes han desestimado numerosas demandas, muchas de las cuales no eran contra la industria, sino acusaciones de negligencia al gobierno o a las localidades donde se produjeron. En 2020, la empresa de casinos MGM Resorts International y sus aseguradoras acordaron pagar 800 millones de dólares tras una masacre en la franja The Strip de Las Vegas, que dejó un saldo de 58 muertos y cientos de heridos.
El año pasado, el fabricante del fusil utilizado en la masacre de la escuela Sandy Hook en 2012 pagó 73 millones de dólares a las familias que acusaron a Remington de dirigir su publicidad a hombres jóvenes y riesgosos. En Tennessee, el promotor republicano de la nueva ley estatal usó lo sucedido en Connecticut como argumento a favor de la necesidad de defender a la industria: “Pocas empresas pueden sobrevivir al pago de 73 millones de dólares”, aseguró el legislador estatal Monty Fritts en febrero.
En Uvalde, las víctimas han acusado a Daniel Defense, fabricante del arma usada en la masacre, de hacer publicidad peligrosa. La empresa lo ha negado en la corte y las cámaras empresarias del sector han rechazado el argumento desde la resolución de Sandy Hook.
“La expresión comercial goza de libertad de expresión”, alegó Mark Oliva, director gerente de asuntos públicos de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro.
Las demandas en Uvalde están en sus etapas iniciales y no todas las familias participan. Los Zamora decidieron sumarse una vez que Mayah recibió el alta del hospital, lo que sucedió más de dos meses después del hecho y tras decenas de operaciones. Los padres esperan que pueda regresar a las clases presenciales el año entrante.
Después de la masacre de Uvalde, Sandy y Lonnie Phillips fueron manejando al pueblo y hablaron con las familias sobre sus propias experiencias al demandar a la industria de armas: ellos perdieron y la corte les ordenó pagar más de 200.000 dólares a los abogados de los acusados. Terminaron en bancarrota.
Su hija Jessica murió en la masacre del cine de Aurora, Colorado, de 2012. El mes pasado, la pareja asistió al acto en que el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, firmó leyes que buscan facilitar las demandas a la industria, una de las cuales exime a los demandantes de pagar si se desestiman sus demandas.
“No son conscientes de lo que les espera”, afirmó Lonnie Phillips acerca de las víctimas que demandan. “Sólo saben que han perdido a un niño y que alguien debe pagar por ello”.
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Bleiberg informó desde Dallas. El periodista de The Associated Press Jonathan Mattise, en Nashville, Tennessee, contribuyó a este reportaje.
