MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Bukele promovió esta medida a raíz de un repunte de la violencia de las pandillas, lo que se ha traducido en poderes especiales para las fuerzas de seguridad y en una nueva estrategia que el presidente salvadoreño ha reivindicado como exitosa, frente a las críticas internacionales.
En marzo, las autoridades locales elevaron a más de 67.000 las personas detenidas por su supuesta pertenencia a pandillas, pero los expertos han incidido en que "muchas" de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen incluso "desapariciones forzadas de corta duración".
Los relatores de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias temen que no se esté garantizando tampoco el debido proceso.
"El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo", han remachado.
En este sentido, han cuestionado que algunas vistas se celebren en grupos de hasta 500 personas o a que los abogados públicos se les den apenas unos pocos minutos para presentar sus argumentaciones. Este tipo de sesiones "masivas" socavan, a juicio de los expertos, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos.
Por otra parte, los relatores han advertido de que miles de familias sufren problemas económicos al tener que hacer frente a costes vinculados a la defensa, la salud o el bienestar de sus seres queridos. "Estas medidas amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que han sido blanco de pandillas en el pasado", han advertido.
