CARAUARI, Brasil (AP) — En un rincón remoto de la Amazonía, los ecologistas brasileños intentan tener éxito donde la falta de gobernabilidad ha resultado desastrosa. Están administrando un tramo de tierra de una manera que invita tanto a la población local como a los científicos a participar en la preservación del bosque tropical más grande del mundo.
El objetivo es ambicioso, contrarrestar las fuerzas que han destruido el 10% de la selva en menos de cuatro décadas y crear algo que se pueda replicar en otras partes de la Amazonía.
Comenzó con una expedición de cuatro meses a lo largo del río Juruá en 2016. Los investigadores visitaron unas 100 comunidades que a primera vista parecían similares: hileras de casas de madera sobre pilotes a lo largo del agua. Pero se sorprendieron por los contrastes en las condiciones de vida.
Para comprender lo que vieron, es importante saber que el 29% de la Amazonía —un área de aproximadamente tres veces el tamaño de California— es tierra pública sin protección especial o sobre la cual no existe información pública, según un estudio del Instituto Amazónico de Personas y Medio Ambiente.
Se ha demostrado que estas áreas son más vulnerables a la deforestación. Los ladrones de tierras expulsan a las comunidades tradicionales de la tierra y luego la limpian, con la esperanza de que el gobierno los reconozca como propietarios, lo que suele suceder.
“Es muy desigual. Dentro de las áreas protegidas, están sucediendo muchas cosas positivas, pero afuera, parecían tener 40 años de retraso”, dijo a The Associated Press João Vitor Campos-Silva, un socioecólogo tropical.
Los investigadores sabían que la parte del río conocida como Medio Juruá, cerca de la ciudad de Carauari, tiene una notable organización social y la gente maneja sus pescados y productos forestales, como el açai, de manera sostenible. La designación de la tierra aquí es “reservas extractivas”, tierras públicas donde los residentes pueden pescar y cosechar algunos cultivos.
Pero fuera de estas reservas, en muchos lugares, la gente recibe órdenes de terratenientes autoproclamados, de acuerdo con Campos-Silva. A comunidades enteras se les niega el acceso a los lagos, incluso a pescar para alimentar a sus familias. La gente no es dueña de la tierra, y no saben quién la tiene.
“Empezamos a pensar que podría ser interesante diseñar un modelo de conservación basado en una escala de cuenca”, donde las comunidades pudieran cosechar productos del bosque y pescar y proteger el bosque, en lugar de mudarse a la ciudad o recurrir a actividades ilegales, como la tala sin licencia y la sobrepesca.
Entonces crearon el Instituto Juruá, un organismo sin fines de lucro, y compraron una propiedad de 13 kilómetros (8 millas) de selva tropical a lo largo del río Juruá. Incluye alrededor de 20 lagos, algunos con buen potencial para criar el preciado pirarucú, el pez escama de agua dulce más grande del mundo, que puede llegar a pesar hasta 200 kilos (440 libras).
El objetivo, dijo Campos-Silva, es promover la ciencia de alta calidad, basada en el trabajo conjunto con la gente de la región.
En las inmediaciones de los terrenos del Instituto existen 12 comunidades de excaucheros. Los brasileños los llaman “ribeirinhos”, o gente del río, a diferencia de los residentes indígenas.
En el pasado, la oportunidad de ganarse la vida con los árboles de caucho atrajo a sus abuelos al Amazonas. Hoy en día el principal ingreso proviene del pirarucú. Controlar esa pesquería ha demostrado ser sostenible, revivir una especie que estaba en declive y generar ingresos sin necesidad de talar el bosque, con todo lo que eso significa para la pérdida de biodiversidad.
La selva amazónica, que cubre un área del doble del tamaño de la India, también contiene enormes reservas de carbono y es un amortiguador crucial contra el cambio climático. Impulsada por los ladrones de tierras, la deforestación aumentó a un máximo de 15 años en los últimos años mientras Jair Bolsonaro, quien dejó el cargo en enero, era presidente. La destrucción en la Amazonía oriental ha sido tan extensa que se ha convertido en una fuente de carbono, en lugar de un sumidero de carbono.
Para involucrar a las comunidades ribereñas en la gobernanza, el instituto creó un comité directivo y lanzó una serie de reuniones públicas llamadas “comunidad de sueños”, donde las personas podían priorizar las mejoras que más deseaban.
Para evitar posibles sesgos de género y edad, trabajaron en tres grupos: mujeres, jóvenes y hombres, dijo Campos-Silva.
La presidenta de la asociación de comunidades ribereñas, Fernanda de Araujo Moraes, dijo que el objetivo principal es evitar que los ribereños se trasladen a las ciudades amazónicas, donde el desempleo entre las personas poco calificadas es rampante y la violencia es generalizada debido al narcotráfico.
En Lago Serrado, la comunidad de Moraes donde 12 familias viven en palafitos, tanto las mujeres como los hombres mencionaron tener electricidad las 24 horas como su máxima prioridad. Actualmente, solo está disponible tres horas al día. Los jóvenes optaron por la formación en pesca.
Moraes cree que este tipo de colaboración es la ruta más rápida hacia el progreso. “Queremos mejorar la vida de las personas y el Instituto quiere lo mismo”, dijo sentada en el piso de su casa, atendiendo a su pequeña hija. El gobierno, dijo, no siempre está en la misma página.
“Esto es algo que no existe aquí en la Amazonía, no existe en ningún lugar de Brasil. Si funciona, y lo hará, atraerá la atención de mucha gente”, dijo el residente José Alves de Morais, en una entrevista junto al lago justo detrás de la comunidad.
Morais ya trabaja como guardián del lago, vigilando a los intrusos que podrían pescar o talar árboles. Su familia espera participar en la gestión de la pesca del pirarucú por parte del instituto, que espera la aprobación federal.
En el frente científico, el instituto ha construido una casa flotante y una casa de madera para que hasta 20 investigadores pasen temporadas a lo largo del río Juruá. Uno está estudiando al mono uakari. Otros están analizando qué hace que los arreglos sociales sean exitosos en la región. Crearon un programa, Científicos Forestales, para capacitar a estudiantes de secundaria locales en recolección de campo, sistematización de datos y cómo preparar informes.
La iniciativa está liderada por Carlos Peres, profesor de ecología de conservación tropical nacido en la Amazonía en la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido. En abril, este trabajo, que comenzó como un experimento, obtuvo el reconocimiento de una organización suiza sin fines de lucro cuando él y otros tres científicos ganaron el premio Frontiers Planet, que otorga 1,1 millones de dólares. El dinero se reinvertirá en el proyecto, que ya ha recibido el apoyo de Synchronicity Earth, National Geographic y Rolex Conservation Award.
El estudio ganador utilizó datos recopilados durante ese viaje de 2016. En coautoría con Campos-Silva y otros, el estudio encontró que las comunidades que viven dentro de áreas protegidas disfrutan de un mejor acceso a la atención médica, la educación, la electricidad y el saneamiento básico, además de un ingreso más estable, que las comunidades en áreas no designadas. Descubrieron que solo el 5% de los adultos dentro de las áreas protegidas aspiran a mudarse a una ciudad, en comparación con el 58% de los adultos en áreas no protegidas.
El artículo argumenta que en países tropicales con recursos limitados, es posible lograr la conservación y beneficiar a las comunidades locales al mismo tiempo, poniendo más poder en sus manos.
Peres, el director científico del instituto, espera que esto inspire soluciones en toda la región amazónica, integrando el conocimiento tradicional con la ciencia de los modelos occidentales.
“No tenemos todas las respuestas”, dijo. “Pero tenemos la audacia de tratar de avanzar en estos temas”.
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