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El Parlamento húngaro aprueba la ley sobre denunciantes sin incluir una polémica alusión LGTBI

BUDAPEST, 23 (DPA/EP) El Parlamento de Hungría ha aprobado este martes la ley que garantiza la protección de los denunciantes, con una versión renovada que deja fuera un polémico apartado en el que se alentaba a los ciudadanos a denunciar de manera anónima a las parejas homosexuales con hijos a su cargo, en línea con la doctrina conservadora del Gobierno de Viktor Orbán.

BUDAPEST, 23 (DPA/EP)

El Parlamento de Hungría ha aprobado este martes la ley que garantiza la protección de los denunciantes, con una versión renovada que deja fuera un polémico apartado en el que se alentaba a los ciudadanos a denunciar de manera anónima a las parejas homosexuales con hijos a su cargo, en línea con la doctrina conservadora del Gobierno de Viktor Orbán.

La presidenta húngara, Katalin Novak, había vetado la primera versión, aprobada en abril, aludiendo expresamente a los artículos que contemplaban alertar las autoridades de aquellos comportamientos que supuestamente violen "el papel del matrimonio y la familia reconocido en la Constitución" y que no tengan en cuenta los derechos de los niños a identificarse "con el sexo de nacimiento".

El nuevo texto, transposición de una directiva europea, ha recibido el beneplácito de 144 de los 199 legisladores que han participado en la votación, según la agencia MTI. El viceministro de Justicia, Robert Repassy, ha defendido en la sede legislativa los cambios, confiado en que permitirán avanzar en las negociaciones con la Comisión Europea para desbloquear los fondos que siguen pendientes.

La Constitución de Hungría especifica que el matrimonio es una unión "entre un hombre y una mujer" y añade que "la madre es una mujer y el padre es un hombre", lo que implica prohibir por ley cualquier modelo de adopción o acogida por parte de parejas homosexuales.

El Gobierno también ha tomado medidas para limitar contenidos o alusiones a la comunidad LGTBI en las escuelas, argumentando que corresponde a las familias decidir la educación de sus hijos. Sin embargo, sus políticas han generado dudas entre organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, así como en la Comisión Europea.

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