QUITO (AP) — La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, denunció el martes intentos desesperados por sacarla del cargo por parte de dos organismos del Estado que atribuyó a retaliaciones por los casos de corrupción que ha procesado en contra del expresidente Rafael Correa y de otras altas autoridades de ese gobierno.
En una entrevista en el canal de televisión Ecuavisa, la cabeza de la Fiscalía aseveró que “todo lo que están fraguando es únicamente con la intención de tomarse la justicia, no lo van a lograr porque no tienen la razón y la verdad”. Dijo que tales “intentos son desesperados, desinformación, generar expectativas que van en contra de la ley y la constitución”.
La noche del lunes, el Consejo de la Judicatura convocó a una reunión para analizar un expediente disciplinario en contra de la fiscal y una posible suspensión. La sesión no se instaló por ausencia de los vocales, según un comunicado del órgano de control de los jueces posterior a la denuncia de la Fiscalía. Y más tarde, Wilman Terán, presidente de ese organismo que administra la justicia en Ecuador, adujo que el asunto fue un malentendido y que respeta la institucionalidad.
Ni la constitución ni las leyes en Ecuador permiten que la Judicatura sancione a la fiscal general.
En las últimas horas, el Consejo de Participación Ciudadana notificó a Salazar que se ha abierto un expediente por pedido de dos colectivos ciudadanos que han denunciado el presunto plagio en la tesis de Abogacía de la titular del Ministerio Público. Fue citada para una audiencia fijada para el viernes e informada de que si no asiste puede procederse con la destitución de la funcionaria.
Ante el aviso, Salazar manifestó que esos organismos no tienen la facultad de fiscalizar o realizar acciones en contra de la Fiscalía y adujo que esos procesos están impulsados por quienes buscan la impunidad, aquellos que se encuentran privados de la libertad, prófugos de la justicia.
Se refiere al expresidente Rafael Correa (2007-2017), a su ex vicepresidente Jorge Glas, recién salido de prisión por casos de corrupción; al ex contralor del estado, Pablo Celi, en prisión; al ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, también en prisión por abuso sexual; y muchos de los más altos funcionarios del régimen del ex mandatario de izquierda, procesados durante su gestión al frente de la Fiscalía General de Ecuador.
Acerca de la situación, en su cuenta de Twitter, Correa opinó que “esta mujer (Salazar) está chiflada. Ya falta poco”.
Salazar recordó que la entidad que la designó en el cargo y la única que puede terminar sus funciones es la Asamblea Nacional, que está cerrada hasta las próximas elecciones. “La Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura”, defendió en su cuenta de Twitter.
El presidente del país, Guillermo Lasso, decidió semanas atrás cesar a la Asamblea al aplicar la figura conocida como muerte cruzada que le obliga a acortar su mandato y convocar elecciones. Lo hizo en medio de una grave crisis política y de gobierno. Para reemplazar al mandatario y a los legisladores se han fijado elecciones para el 20 de agosto.
A la fiscal general le resta un año y 10 meses para terminar su período de gestión y añadió que ante estos intentos de removerla del cargo, “la Fiscalía actuará con toda la contundencia de la ley”, aunque no anticipó qué tipo de acciones.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, en su cuenta de Twitter convocó a respetar la institucionalidad de la Función Judicial y aseguró que la Judicatura “no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General” y añadió que “el respeto al poder judicial no se cede ni negocia”.
