CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de México llegó a un acuerdo para compensar a una empresa privada que tenía la concesión de un tramo de un ferrocarril en el sureste del país y cuyas vías fueron tomadas por la Marina hace dos semanas al considerar a dicho tramo de “seguridad nacional”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves el acuerdo gracias al cual el Estado mexicano “rescató", según sus palabras, un tramo de las vías de un tren que está en construcción y que el mandatario considera estratégico porque cruzará el istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha de México, con trenes de carga y de pasajeros.
La compañía, Grupo México -uno de los mayores conglomerados del país- recibirá a cambio ocho años más de concesión de otro tramo de ferrocarril en el estado de Veracruz.
La red ferroviaria mexicana tuvo una gran importancia durante el inicio del siglo XX pero luego fue decayendo y en los años 90 su uso fue concesionado a empresas privadas y quedó limitado a trenes de carga.
Ahora el gobierno está apostando a reactivar los trenes de pasajeros en el sureste del país. Su obra más emblemática es el Tren Maya, en la península de Yucatán, un enorme proyecto turístico pero muy criticado por grupos ecologistas por su impacto ambiental.
Estos proyectos también han sido denunciados porque su construcción ha sido mayoritariamente asignada a las Fuerzas Armadas, que no dejan de acumular poder en el país.
La ocupación militar del polémico tramo en el istmo de Tehuantepec, unos 130 kilómetros de vía, tuvo lugar a mediados de mayo mediante un decreto de expropiación que lo consideró una “zona de seguridad nacional y de utilidad pública”.
La decisión presidencial suscitó preocupación entre los inversionistas y generó que Grupo México -la tercera empresa más importante del mercado bursátil mexicano- cayera en la bolsa.
La administración de López Obrador impulsa grandes obras de infraestructura, entre ellas varias ferroviarias en el sudeste del país, a las que ha declarado proyectos de seguridad nacional y asignando su construcción a empresas dirigidas por militares.
También aboga porque empresas del Estado controlen otros sectores estratégicos. En abril se anunció la compra de 13 plantas eléctricas por parte del gobierno a la energética española Iberdrola.
