BOGOTÁ (AP) — La Fiscalía General de Colombia abrió una investigación por presuntas escuchas ilegales a dos trabajadoras domésticas de la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, en el último giro de un caso que indaga si hubo abuso de poder de la funcionaria y que ha sacudido al gobierno del país andino.
De acuerdo con el ente investigador, la policía creó dos perfiles falsos de las mujeres, vinculándolas con grupos narcotraficantes, como pretexto para que un juez local autorizara las interceptaciones a sus llamadas telefónicas, después de que desapareciera un maletín con dinero de la casa de Laura Sarabia, la jefa de gabinete. Todo a espaldas de la Fiscalía, según el Ministerio Público.
“Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”, sentenció el Fiscal General Francisco Barbosa.
Informó, además, que en los próximos días se llamará a imputación de cargos a varios implicados en estas actuaciones ilegales, sin precisar quiénes podrían ser. Detalló que se han abierto tres líneas de investigación: una por el robo del maletín, otra por la práctica irregular de las pruebas de polígrafo y otra por las escuchas ilegales.
El caso se ha convertido en una polémica en Colombia y para el gobierno de Petro, que abanderaba el “cambio” y que prometió acabar con prácticas de escuchas ilegales que sucedieron en el gobierno de Álvaro Uribe.
Días atrás el fiscal Barbosa ya había advertido que la entidad que él dirige es la única que tiene la potestad de investigar actuaciones criminales. La legislación colombiana establece, además, que los organismos de inteligencia sólo pueden interceptar teléfonos con la autorización de un juez.
Según su denuncia, se practicaron escuchas ilegales a dos colaboradoras de Sarabia después de que la jefa de gabinete denunciara el pasado 29 de enero la pérdida de un maletín con 7.000 dólares en efectivo de dentro de su casa. Lo que investiga ahora la Fiscalía es si la funcionaria, que es una persona de entera confianza del presidente con capacidad de influir en sus decisiones, abusó de su posición y utilizó el aparato de inteligencia estatal para esclarecer la desaparición del dinero.
Cuando Sarabia puso la denuncia del robo del maletín en la Fiscalía, no señaló que sus colaboradoras podrían ser sospechosas. De acuerdo con la Fiscalía, el 30 de enero, es decir un día después del robo, agentes de inteligencia de la policía habrían iniciado las escuchas ilegales a las dos mujeres.
Barbosa denuncia que un juez de Quibdó, en el departamento del Chocó (en el occidente del país), autorizó las escuchas tras recibir un informe policial en el que las dos trabajadoras habían sido perfiladas como integrantes de una banda de narcotraficantes, y en el que citaban fuentes de inteligencia de “alta credibilidad”.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció el jueves también sobre el asunto: “Tiene que descubrirse quién dio la orden. Este no es un asunto de un investigador de la Dijín, que no tiene la iniciativa para hacer lo que ocurrió. Que la Fiscalía General adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso, pero que también internamente, dentro de la Policía Nacional, se adelanten las investigaciones correspondientes. Este Gobierno no tolera las interceptaciones ilegales”.
Las revelaciones del Fiscal estuvieron antecedidas por la expectativa que hay en el país por las decisiones que pueda tomar el gobierno de Gustavo Petro en las últimas horas, no sólo frente a su jefa de Gabinete, sino también en torno al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que tiene hoy unas marcadas diferencias con la funcionaria, a pesar de que fueron cercanos en el pasado.
Benedetti sugiere que la alta funcionaria está detrás de las escuchas ilegales pues ella misma le contó que una de las trabajadoras -una niñera- tenía intenciones de denunciar ante los medios que se sentía perseguida. Según el embajador, Sarabia no tenía forma de saber los planes de la mujer salvo por las interceptaciones telefónicas.
El mismo Benedetti contradijo a Sarabia en cuanto al monto del dinero desaparecido, al indicar que se trata de una cantidad mucho mayor a 7.000 dólares. Serían, según su versión, 150 millones de pesos, unos 34.000 dólares. De acuerdo con la jefa de gabinete, correspondían a unos viáticos por diferentes viajes de gobierno.
El pasado fin de semana, Marelbyus Meza, quien fuera niñera de la jefa de gabinete, concedió una entrevista a la revista colombiana Semana, en la que reveló detalles de unas pruebas de polígrafo que le practicaron después de la desaparición del maletín. También comentó que desde entonces se sintió perseguida.
“Cuando estaba en el sótano me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo. Me dijeron que si no colaboraba me iban a meter presa (encarcelar) y que iban a ir por mí familia”, declaró Meza.
La apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía General se da en medio de un choque institucional entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. En una declaración reciente, el titular del Ministerio Público dijo que la política de paz del presidente Petro se había convertido en un incentivo para el crimen. También lo acusó de haber vulnerado el Estado de derecho al decir que el presidente de la República era el jefe del Fiscal.
Petro, por su parte, también ha criticado a Barbosa por supuestamente haber metido bajo el tapete investigaciones por “centenares” de asesinatos de los paramilitares en la costa caribe colombiana.
Al ser preguntado sobre las inspecciones de la Fiscalía en la sede de la presidencia por el escándalo de la niñera de Laura Sarabia, el presidente Petro dijo en su momento “que investiguen todo lo que quieran”. Además, en un mensaje de Twitter, el mandatario defendió la utilización de las pruebas de polígrafo: “Se hacen desde hace años por la seguridad de la presidencia”.
