MONTEVIDEO (AP) — Arqueólogos uruguayos encontraron el martes un cráneo cubierto de cal en un predio militar con características de enterramiento similares a las de otros cinco hallazgos de cuerpos humanos en fosas clandestinas. Los restos serán sometidos a análisis forense, en el marco de la investigación de la Fiscalía por 150 denuncias de personas desaparecidas durante la dictadura de Uruguay.
El grupo de investigación en Antropología Forense (GIAF) de la Universidad de la República de Uruguay encontró el cráneo humano excavando en el Batallón de Paracaidistas 14 del Ejército, en Toledo, a 20 kilómetros al norte de Montevideo, confirmó a The Associated Press, Ricardo Perciballe, titular de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad.
Esa unidad tiene a su cargo unas 150 denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar (1973-1985).
Los restos óseos hallados estaban coronado por una losa y rodeados de cal y tenían a su alrededor más fragmentos de huesos humanos. Esto llamó la atención de los antropólogos y de la Fiscalía porque es la forma de enterramiento de los otros cinco cuerpos inhumados en fosas clandestinas donde se encontraron personas desaparecidas durante la dictadura uruguaya.
Todos en predios militares y donde se mostraban el mismo modus operandi, según las autoridades.
“El tipo de enterramiento es como han aparecido los otros desaparecidos” explicó a la AP Elena Zaffaroni, integrante de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que se mostró cauta pero expectante de que el hallazgo sea del sexto desaparecido por encontrar.
“Si lo encontramos es una confirmación más de que los desaparecidos están en los predios militares; y seguro están en sus archivos y podrían colaborar de otra forma”, señaló la mujer aludiendo a la nula colaboración de las Fuerzas Armadas en la búsqueda activa de la verdad. “Pero así y todo aparecen”, dijo.
La extracción del cuerpo de la zona del hallazgo puede demorar varios días y después, según explicó a la AP el fiscal Perciballe, "se lleva al lugar de trabajo del equipo de antropólogos, se reconstruye el cuerpo, se intenta establecer la causa de la muerte y luego de eso se extrae una muestra de ADN que se envía a Argentina. Luego se sabrá quién es”. Un proceso que puede demorar un mes.
Las muestras de material genético se cotejarán con el banco de ADN de familiares de detenidos desaparecidos.
La zona del descubrimiento llevaba bajo cautela dos años por pedido de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). “Testimonios llevaron a esa zona”, explicó Wilder Tyler, integrante de la organización a la prensa. También afirmó que se trabaja en otros posibles enterramientos clandestinos en la zona.
“El Batallón 14 es un lugar importante porque ya se han encontrado dos cuerpos”, ratificó Perciballe a la AP. “Y hay muchos datos fragmentarios sobre otros posibles enterramientos”, señaló.
Desde hace décadas ese predio está en la mira de familiares y expertos por varios testimonios de ex soldados, pero también de vecinos que han hablado ante la justicia de enterramientos clandestinos. El descubrimiento del martes se produjo a 100 metros de donde los antropólogos de la Universidad de Uruguay encontraron otros dos cuerpos de personas detenidas desaparecidas.
En 2011, se hallaron los restos del maestro y periodista Julio Castro, desaparecido desde 1977. Estaba calzado, con sus manos y piernas atadas con alambre. Hasta entonces la versión oficial señalaba que sus restos habían sido incinerados y esparcidos al Río de la Plata. Pero los arqueólogos confirmaron que fue ejecutado a poca distancia y sus restos rociados con cal.
Un año después, en 2012, en el Batallón 14 también se desenterraron los restos del militante gremial y político Ricardo Blanco Valiente, secuestrado de su comercio en enero de 1978 en Montevideo.
Desde 2005, aunque con interrupciones, el GIAF excava distintas zonas del Batallón 14 en búsqueda de restos de personas detenidas y desaparecidas de la etapa de la dictadura.
En Uruguay, desaparecieron a unos 200 ciudadanos. La mayoría fueron detenidos en Argentina, pero luego trasladados a Uruguay para su “disposición final” como han recogido varias causas judiciales abiertas desde 2006, cuando desde el Poder Ejecutivo se resolvió que comenzaran las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios públicos.
