CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas determinó que el encarcelamiento de la exfiscal guatemalteca Virginia Laparra es contrario al derecho internacional y pidió su liberación, informaron el martes sus abogados defensores.
Laparra fue condenada a cuatro años de prisión por denunciar a un juez que filtró información reservada de un caso.
El Grupo "resolvió que la prisión es una medida excesiva y que no corresponde con los delitos -menores y no violentos- de los que se le acusa a la abogada”, dijeron sus defensores en un comunicado de prensa.
Laparra lleva 16 meses detenida por haber denunciado al juez Lesther Castellanos Rodas, quien recibió una sanción administrativa que posteriormente fue revocada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces el magistrado también denunció a la exfiscal y con el acompañamiento del Ministerio Público logró que la condenaran por abuso de autoridad.
Según Laparra, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, el Ministerio Público y la fiscal general Consuelo Porras impulsaron su condena en represalia por haber investigado casos de corrupción. Porras fue sancionada por el gobierno estadounidense en 2021 -que le retiró la visa de entrada- por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.
Laparra sostiene su inocencia y ha asegurado que la ley le permite denunciar a un juez si considera que ha cometido un ilícito.
A pesar de que la condena es conmutable, la exfiscal continúa en prisión y ha sido acusada por la fiscalía de otros delitos. Sus defensores han denunciado que Laparra sufre de vejámenes en prisión y que el Sistema Penitenciario se ha negado a que reciba atención médica.
De acuerdo con la ley guatemalteca para mantener en prisión a una persona procesada o juzgada hay que demostrar que existe riesgo de fuga y obstaculización de la justicia. Sin embargo, el abogado Alfredo Ortega dijo que el Estado guatemalteco no pudo demostrar esas circunstancias ante el Grupo de la ONU.
“El Grupo de trabajo exigió al Estado de Guatemala que se ponga en libertad a Virginia Laparra sin dilación como medida de reparación por las violaciones (contra ella) que fueron acreditadas en el proceso. Además, exigió al Estado investigar quiénes cometieron esas violaciones”, dijo Ortega en una conferencia de prensa.
La condena a Laparra ha generado duras críticas nacionales e internacionales. Durante la administración del actual presidente Alejandro Giammattei más de 35 funcionarios del Poder Judicial han buscado el exilio y denunciado una criminalización por parte de Porras después de abordar casos relacionados con la corrupción y crímenes de lesa humanidad.
