LA PAZ, Bolivia (AP) — La veterana activista por los derechos humanos en Bolivia, Amparo Carvajal, decidió mantener su solitaria protesta en la calle después de que un fallo judicial rechazó su pedido para recuperar sus oficinas, de las que fue desalojada por una organización paralela oficialista.
La sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) se ha vuelto el botín de dos grupos antagónicos de activistas afines y contrarios al gobierno en un país polarizado desde la crisis política de 2019 cuando el entonces presidente Evo Morales renunció forzado por denuncias de fraude electoral cuando buscaba un cuarto mandato consecutivo. Las protestas dejaron 37 muertos.
“Vamos a continuar nuestra vigilia y vamos a seguir trabajando desde aquí”, declaró el miércoles Carvajal, de 84 años, en la puerta de la APDHB en el centro de La Paz, donde mantiene una vigilia hasta altas horas de la noche desde hace 13 días pese al crudo invierno.
Un fallo de una Sala Constitucional conocido la víspera dictaminó que tanto Carvajal como el Édgar Salazar, quien también se atribuye la presidencia de la organización, deben resolver “de manera consensuada” sus diferencias o pedir que el Órgano Electoral lo dirima en una votación abierta. El juez dictaminó que no puede dilucidar quién es el presidente legítimo de la APDHB “al existir un paralelismo”.
“No podíamos esperar un fallo diferente de una justicia que es funcional a los grupos de poder, pero la protesta de Amparo (Carvajal) es una forma de interpelar a ese poder”, dijo por su parte la dirigente Yolanda Herrera. Una asamblea de organizaciones definirá si la protesta sigue y las medidas futuras, agregó.
Salazar, quien mantiene tomada la sede, no se ha pronunciado sobre el fallo pero antes de que éste se conociera dijo que él tenía la representación y por ello recuperó las oficinas. Salazar, afín al partido de gobierno Movimiento al Socialismo (MAS), también dijo que posee el apoyo de los familiares de los fallecidos en el estallido social de 2019, pero éstos lo han desmentido.
David Inca, representante de los familiares de los fallecidos en la vecina ciudad de El Alto., dijo que “nosotros exigimos justicia para las víctimas pero ninguna organización nos representa. No apoyamos a la señora Carvajal, que tomó posición por los grupos de derecha, y tampoco a Salazar, que responde al gobierno” de Luis Arce, heredero político de Morales.
Los detractores de Carvajal la acusan de ser útil a la derecha mientras la oposición la apoya por su defensa de los llamados “perseguidos políticos”, entre ellos la expresidenta interina Jeanine Áñez y el gobernador opositor Luis Fernando Camacho. Áñez fue condenada a 10 años de prisión por ocupación ilegal del cargo de presidenta y Camacho se encuentra encarcelado mientras es investigado por presuntos cargos de terrorismo por su participación y liderazgo en el estallido social de 2019.
Carvajal hizo carrera en la defensa de los derechos humanos desde las dictaduras militares de fines de los años 70. Nació en España y llegó a Bolivia como religiosa para después vincularse con las luchas sociales.
