CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por partidarios del presidente Nicolás Maduro, decidió el jueves revisar la permanencia de la dirección del Consejo Nacional Electoral y convocar a un comité para elegir a los próximos miembros tras la renuncia de los directores oficialistas.
“Es fundamental la designación de la nueva directiva del Consejo", dijo el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, sin explicar la razón por la que se decidió incluir en el proceso de revisión a los rectores que no habían renunciado. La decisión deja abierta la posibilidad de remover de sus cargos a los dos directivos vinculados con la oposición, Enrique Márquez y Roberto Picón.
Tras aceptar las renuncias, Rodríguez anunció que serán elegidos la totalidad de los cinco rectores principales del Consejo y sus 10 suplentes, sin dar otros detalles. El Consejo se encarga de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales en el país.
La medida se tomó dos horas después de que el presidente del Consejo, Pedro Calzadilla, anunció que junto al también rector principal Alexis Corredor y otros cinco integrantes del organismo electoral vinculados con el oficialismo habían puesto sus “cargos a la orden” de la Asamblea.
La selección de los nuevos miembros se producirá dos años después de que, entre una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Maduro para mejorar las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, hizo la concesión de incluir en ese organismo, por primera vez desde 2005, a dos reconocidos opositores.
Si bien la mayoría de los miembros del Consejo elegidos en mayo de 2021 para ejercer por siete años eran funcionarios cercanos al gobierno de Maduro, Márquez y Picón inspiraron confianza en algunos opositores.
La elección de los nuevos directivos se dará en momentos en que los adversarios de Maduro luchan por recuperar relevancia política y cuatro meses antes de la realización de las primarias para elegir a un candidato único para los comicios presidenciales de 2024.
La oposición aún no tiene definida la infraestructura que se usará en el acto electoral y estaba a la espera de una decisión del Consejo sobre su asistencia bajo ciertas condiciones, pese al rechazo de varios líderes. En las últimas dos décadas el Consejo ha sido visto como favorable al gobierno.
La Plataforma Unitaria Democrática, que representa a un sector de la oposición, se declaró en sesión permanente ante la posibilidad de “autogestionar” el proceso. La participación del organismo electoral estaba a la espera de que se lograsen garantías como la instalación de suficientes centros de votación y la actualización del padrón electoral, entre otras.
Hasta ahora Márquez y Picón se han mantenido en silencio.
El exlegislador Márquez fue vicepresidente de la Asamblea Nacional por consenso luego de que la oposición tomó el control del Legislativo tras ganar por una abrumadora mayoría los comicios en 2015. Picón, por su parte, fue encarcelado entre junio y diciembre de 2017 por organizar una votación simbólica y paralela cuando la oposición boicoteó el referendo de Maduro para nombrar una Asamblea Constituyente. El ingeniero de sistemas informáticos fue liberado por recomendación de la llamada Comisión de la Verdad de la Constituyente.
Tania D’Amelio, una exlegisladora oficialista que venía desempeñándose como rectora principal del Consejo, renunció en abril del año pasado tras ser designada magistrada del máximo tribunal venezolano, controlado por el oficialismo. Su suplente nunca asumió el cargo.
D’Amelio fue sancionada el 9 de agosto de 2017 por el Departamento del Tesoro estadounidense y en febrero de 2021 la Unión Europea la incluyó entre los 19 funcionarios sancionados por contribuir a socavar el estado de derecho en Venezuela.
