TEGUCIGALPA (AP) — El principal organismo anticorrupción en Honduras ratificó el lunes que seguirá su lucha en el país centroamericano, luego de la salida al extranjero de su directora, Gabriela Castellanos, quien denunció amenazas, filtraciones y seguimientos después de señalar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro de presuntos actos de nepotismo y concentración de poder.
“Desde 2014 a la fecha, el CNA ha evidenciado escandalosos actos de corrupción. ¡Seguiremos investigando, seguiremos denunciando, seguiremos del lado correcto de la historia!”, escribió el lunes en su cuenta de Twitter el Consejo Nacional Anticorrupción, una ONG, un día después que Castellanos abandonara el país con destino desconocido.
Castellanos también prometió en la misma red social que seguirá sus esfuerzos por combatir la corrupción. “Quienes deben callar son los cobardes, no las voces valientes de las y los hondureños que trabajamos para heredar una Honduras digna de llamar madre patria. Esta batalla es de todas y todos, no nos detendrán”, escribió horas después de salir de Honduras.
El director de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) —el capítulo para Honduras de Transparencia Internacional—, Carlos Hernández, confirmó a The Associated Press que Castellanos y su familia salieron del país por recomendación de expertos en temas de seguridad.
“Esto no se manejó de manera abierta hasta que llegara a su destino, ni su personal sabía los detalles de su salida porque había un riesgo inminente, sólo lo sabíamos un grupo muy pequeño, pero le puedo confirmar que salió del país y he estado en contacto con ella”, agregó Hernández.
Tras hacerse pública la salida del país de Castellanos, el CNA informó que su directora ejecutiva interpuso una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, “al encontrarse en situación de riesgo”.
La directora de comunicaciones del CNA, Yanivis Izaguirre, escribió en Twitter que el organismo desde el 2014 presentó 149 líneas de investigación “que avalan una lucha de país, no partidaria”.
La AP buscó la reacción de diferentes representantes y funcionarios del gobierno, pero no obtuvo respuesta de inmediato.
El CNA ha denunciando actos de corrupción en diferentes gobiernos, entre ellos el de Juan Orlando Hernández, al que acusó en repetidas ocasiones de dilapidar y malversar los fondos del Estado.
Uno de esos cuestionamientos fue el que le hizo tras la compra de siete hospitales móviles por un valor de 48 millones de dólares durante la pandemia de COVID-19 y que al final esas unidades, según el CNA, resultaron ser “chatarras inservibles”.
Incluso esa ONG le exigió en su momento al entonces gobernante renunciar a la presidencia y someterse a la justicia por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. El exgobernante está preso actualmente en Nueva York a la espera del inicio de un juicio en su contra por tráfico de drogas.
El 25 de mayo, el CNA también presentó un informe contra el gobierno de la presidenta Castro, a la que acusó de nepotismo, y advirtió de los peligros que esa “concentración de poder” representa para el Estado de Honduras.
El documento destacó la presencia en el gobierno como una de las figuras más importantes al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, esposo de la mandataria, quien actúa como asesor presidencial y es visto por algunos críticos como la persona que maneja supuestamente los hilos del poder.
También mencionó a los hijos de la pareja presidencial, José Manuel Zelaya Castro, quien es asesor de la presidencia, y a Héctor Manuel Zelaya Castro, quien funge como secretario privado de la mandataria.
