El anuncio de que fiscales federales han alcanzado un acuerdo de culpabilidad con Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, sobre cargos de evasión fiscal y posesión de armas, representa el posible final de una pesquisa de cinco años por parte del Departamento de Justicia que ha asediado a la familia del mandatario.
Sin embargo, eso no significa que los republicanos en el Congreso hayan dado por concluida su propia investigación sobre casi cada faceta de los negocios de Hunter Biden, incluidos los pagos que recibió del extranjero y otros aspectos de sus finanzas.
Algunos republicanos que aspiran a enfrentarse al mandatario Biden en las elecciones presidenciales de 2024 califican el acuerdo como evidencia de un sistema de justicia parcial, en particular a la luz del reciente encausamiento del expresidente Donald Trump, aunque existen diferencias obvias entre los dos casos.
A continuación lo que se sabe de los cargos, el acuerdo de culpabilidad, otras pesquisas en torno al hijo del mandatario y la política:
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¿CUÁLES SON LOS CARGOS?
Según una carta presentada ante una corte federal en Delaware, Hunter Biden ha sido acusado de cargos menores de no pagar un impuesto federal sobre la renta. Documentos judiciales aseguran que Hunter no pagó más de 200.000 dólares en impuestos federales sobre la renta correspondientes a 2017 y 2018.
La pesquisa federal a Hunter Biden comenzó en 2018 y salió a la luz pública en diciembre de 2020 —un mes después de las elecciones presidenciales— cuando él reveló que había recibido una citación relacionada con una investigación del Departamento de Justicia sobre su situación fiscal.
La citación pedía información sobre los negocios del hijo de Biden con diversas entidades, como Burisma, una compañía gasera ucraniana que lo integró a su consejo de administración en 2014. Esto suscitó preocupaciones sobre la percepción de un conflicto de intereses, considerando que su padre estaba sumamente involucrado en la política de Estados Unidos hacia Ucrania.
Una investigación que emprendió el Senado, que en ese momento estaba bajo control de los republicanos, no identificó ninguna política que haya sido afectada directamente por las actividades de Hunter Biden.
Al momento de la citación, Hunter Biden manifestó que “confiaba en que una investigación profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y apropiada, incluso con la asistencia de asesores fiscales profesionales”.
Hunter Biden también alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia sobre un cargo de que tuvo posesión ilegal de un arma de fuego cuando consumía drogas.
Una ley federal prohíbe que los consumidores de drogas posean amas de fuego o municiones, aunque un juez federal impugnó la legalidad de la medida a principios de año. Según el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), entre 1998 y 2014, casi 100.000 posibles compradores de armas volvieron a casa con las manos vacías porque se alertó que consumían drogas ilegales.
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¿QUÉ SIGNIFICA EL ACUERDO DE CULPABILIDAD?
Al llegar a un acuerdo, Hunter Biden evita ir a juicio y es poco probable que pase tiempo en prisión, aunque un juez será quien decida las sanciones.
Biden fue imputado mediante una denuncia informativa, un documento formal que plantea los cargos en su contra sin que un jurado investigador lo someta a votación, lo que de lo contrario constituiría un encausamiento.
Una persona al tanto de la investigación dijo que el Departamento de Justicia recomendaría la libertad condicional por los cargos de evasión fiscal. Pero un juez debe decidir si acepta cualquier arreglo. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hacer declaraciones sobre el asunto.
Los fiscales federales rara vez presentan el cargo de no declarar impuestos de manera deliberada como acusación principal, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse. En los últimos seis ejercicios fiscales, sólo hubo 48 juicios, de acuerdo con el TRAC.
El cargo de posesión de un arma de fuego conlleva una sentencia máxima de 10 años de prisión, pero el Departamento de Justicia afirma que Hunter Biden también había alcanzado un acuerdo sobre esa acusación.
Hasta cierto punto es inusual resolver un caso penal federal al mismo tiempo en que se presentan cargos en la corte, aunque no es algo inaudito.
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¿QUÉ SIGUE?
El acuerdo significa básicamente que el caso ha concluido, a menos que Hunter Biden incumpla sus condiciones.
Un juicio diferido es un acuerdo que ofrecen los fiscales en el que el acusado debe apegarse a condiciones estrictas, las cuales se darán a conocer después de su comparecencia. No se ha fijado una fecha para esa comparecencia.
Por lo general, un juez dispone que el acusado se presente a firmar de forma regular para garantizar que está acatando las reglas. De lo contrario, se revoca el acuerdo y se restituyen las acusaciones penales. Pero si se aviene a las reglas, el caso será eliminado de sus antecedentes.
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¿NO HAY OTRA INVESTIGACIÓN?
Sí. Los republicanos en el Congreso han estado llevando a cabo sus propias pesquisas sobre casi cualquier aspecto de los negocios de Hunter Biden, incluidos los pagos que ha recibido del extranjero.
Los delitos fiscales menores de los que el hijo de Biden se declarará culpable tienen un alcance mucho más limitado que las acusaciones que los legisladores republicanos investigan desde hace años. El martes, el representante republicano James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la cámara baja, dijo que los “cargos contra Hunter Biden y su beneficioso acuerdo de culpabilidad no repercuten” en la investigación de su panel.
Incluso desde antes de postularse a la presidencia en 2020, Joe Biden ha enfrentado cuestionamientos sobre los negocios de su hijo y su adicción a las drogas.
Y ha habido otras controversias. Cuando Joe Biden era vicepresidente, Hunter se integró en la Reserva Naval y fue dado de baja luego de dar positivo a cocaína, lo que posteriormente expuso una adicción de varios años.
En las semanas previas a los comicios de 2020, los simpatizantes de Trump aprovecharon la existencia de una laptop que aseguraron que estaba relacionada con Hunter Biden —y la aparición de alguien que dijo haber tenido discusiones de negocios con él— para poner en duda el conocimiento de Joe Biden sobre las actividades de su hijo en Ucrania y China. El presidente Biden ha dicho que no discutió con su hijo sobre sus negocios internacionales y ha negado que haya recibido dinero de un país extranjero.
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¿QUÉ SE VIVE EN LA POLÍTICA?
La noticia sobre el acuerdo de culpabilidad se produce días después de que Trump compareciera ante una corte federal acusado de retener documentos clasificados. Luego de que se presentaran los 37 cargos, los republicanos de todo el país arremetieron contra el gobierno de Biden, acusaron al Departamento de Justicia de “politización” y criticaron los acuerdos de negocios de Hunter Biden.
Los cargos contra Trump fueron presentados por un fiscal especial nombrado por el secretario de Justicia, Merrick Garland, para llevar a cabo una investigación independiente a fin de evitar cualquier posible conflicto de intereses en el Departamento de Justicia. Por su parte, los cargos contra Hunter Biden fueron presentados por el fiscal federal de Delaware, David Weiss, quien fue designado al cargo por Trump.
Algunos de los republicanos que compiten por la candidatura presidencial para enfrentar a Biden en las elecciones generales de 2024 no tardaron en criticar públicamente el acuerdo de culpabilidad.
En su plataforma Truth Social, Trump dijo el martes que “el corrupto Departamento de Justicia de Biden acaba de eliminar cientos de años de responsabilidad penal al entregarle a Hunter Biden una simple ‘multa de tránsito’”.
El empresario del sector biotecnológico Vivek Ramaswamy tuiteó el martes que “no es una casualidad que el ridículo ‘acuerdo de culpabilidad’ de Hunter Biden ocurra poco después de la acusación formal contra Trump” y lo describió como “la hoja de parra perfecta para fingir que ‘nadie está por encima de la ley’ cuando absolutamente se está poniendo a ciertas personas por encima de la ley”.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió en un tuit contra el “beneficioso acuerdo” y señaló que si Biden “no estuviera conectado con la élite en DC, hace tiempo que habría estado en prisión".
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Los periodistas de The Associated Press, Lindsey Whitehurst, Colleen Long y Nomaan Merchant, en Washington, contribuyeron a este despacho.
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Meg Kinnard está en Twitter como http://twitter.com/MegKinnardAP
