Sin quererlo, los migrantes en América Latina financian la desinformación durante sus trayectos hacia Estados Unidos, pues son víctimas de fraudes y engaños que les pueden costar miles de dólares y con los que se sostienen nuevos modelos de negocio.
Hay desde falsos reclutadores de trabajadores, traficantes de personas, presuntos asesores legales, “influencers” de redes sociales y hasta quienes se hacen llamar “coaches de migración”.
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La mayoría de estas iniciativas aprovechan la coyuntura y cambios en las normas para estafar a migrantes ofreciéndoles consejo legal, visas de trabajo, asilo político o formas de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin que haya en realidad ninguna garantía sobre lo ofrecido.
De 210 migrantes consultados a través de un sondeo digital, más de un cuarto aseguró haber recibido mensajes falsos respecto de trámites migratorios y ofertas de trabajo, principalmente a través de grupos de Facebook y WhatsApp. Casi dos terceras partes explicaron que se vieron afectados por fraudes y/o desinformación.
“Me cobraron por sólo el llenado de planilla de USCIS (siglas en inglés del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos). Yo tengo mi patrocinador, me cobraron antes de enviarme el supuesto primer pdf y era una planilla elaborada por ellos, totalmente falsa; me di cuenta porque la planilla era totalmente diferente a la real (no tenía ni los códigos de barra)”, escribió una de las personas que respondió el sondeo.
“Perdí mil 500 dólares. Tanto que he luchado para llegar a USA de manera legal. Ya realicé el trámite correctamente por mí misma y me encuentro en espera del segundo paso”, concluyó.
La Secretaría de Gobernación de México registró de 2016 a noviembre del año pasado cinco mil 684 denuncias de delitos contra personas migrantes en el país. De éstas, mil 849 fueron catalogadas como tráfico ilícito, dos mil 655 como robo pero sólo ocho como fraude.
Existen pocas denuncias en esta última categoría y, cuando las hay, en la mayoría de los casos los migrantes deben buscar una organización de la sociedad civil para que los represente, como el Centro de Derechos del Migrante, la organización civil Al otro Lado y albergues como CafeMin.
Sin embargo, el seguimiento legal de estos casos se complica, pues a menudo las personas continúan su intento de cruzar la frontera y, si lo consiguen, dejan los procesos inconclusos.
Como resultado, la desinformación y las estafas siguen multiplicándose y quedan impunes y muchos se aprovechan, a través de redes sociales (como Facebook, WhatsApp y Tiktok) de quienes sienten la necesidad de dejar su país y están dispuestos a aventurarse en una travesía incierta.
El dinero que llegan a perder los afectados por estos fraudes va desde uno hasta 20 mil dólares por persona, de acuerdo con un monitoreo realizado en redes durante mayo y junio y los testimonios recabados en el análisis realizado a principios de julio.
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Fue así como Mercedes Pérez, una mujer hondureña, contactó a Jaime Díaz Márquez, un hombre que se hizo pasar por un empleado de una organización civil-religiosa estadounidense y que le prometió asilo político para 14 familiares en Estados Unidos.
La afectada contó en entrevista que le pidió 55 dólares por cada uno a cambio de tramitarles el permiso conocido como “parole”, que brinda permanencia temporal en EU por razones humanitarias urgentes por al menos un año sin visa.
Contenidos apócrifos en internet como ése propiciaron que cerca de mil migrantes llegaran al Puente Paso del Norte, entre Chihuahua (México) y Texas (Estados Unidos), creyendo que se les concedería la entrada a territorio estadounidense.
Las mentiras y engaños a través de las redes sociales se alimentan de que muchos migrantes acuden a estos perfiles o a la experiencia de sus conocidos o familiares cuando están buscando oportunidades de trabajo en Estados Unidos, en lugar de informarse a través de los gobiernos, organizaciones o medios que ofrecen datos reales, y en el mejor de los casos, verificados.
Desde 2016, el Centro de Derechos del Migrante (CDM) en Ciudad de México notó un aumento en el fraude de reclutamiento online de migrantes, especialmente a través de anuncios en Facebook. Aunque el centro no ofreció cifras sobre ese incremento, el sondeo digital realizado entre migrantes arrojó que un 13% del total de los encuestados recibieron ofertas de trabajo falsas.
Reyes explicó que la existencia de reclutadores, contactados por las empresas para conseguir ciertos perfiles de trabajador, deriva en que se monopolice el proceso. Estos agentes intermediarios tienen la información sobre las oportunidades disponibles en Estados Unidos y controlan el acceso a los empleos y, por consiguiente, a las visas H-2 (permisos basados en que un empleador estadounidense obtenga una certificación laboral temporal del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos).
Los reclutadores imponen tarifas a los migrantes interesados en acceder a las oportunidades de trabajo lo cual es ilegal, según denunció el CDM. “Hay agencias de reclutamiento que a eso se dedican y que ofrecen esos servicios a los empleadores estadounidenses. El problema es que reciben un salario de esos empleadores, pero también buscan tener beneficios adicionales”, aseguró la directora del Centro de Derechos del Migrante.
Hay estafadores que se hacen pasar por compañías autorizadas para contratar trabajadores temporales en Estados Unidos, solicitan documentos personales al trabajador/a para hacer una “verificación de antecedentes criminales” y les cobran por realizar un trámite que no es necesario o que nunca realizan realmente, de acuerdo con el Centro de Derechos del Migrante.
Otros engaños alimentados por la desinformación son los que envían a migrantes a oficinas de reclutamiento en el Consulado en Monterrey inexistentes o los que consiguen ofertas de empleo con temporadas más prolongadas de las permitidas para una visa H-2A.
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“Pero como nos dijeron que iríamos presos si íbamos a Migración, lo pagamos. No recibimos nada a cambio, desapareció el supuesto licenciado con la mentira de que lo enviaron a San Cristóbal (en la zona alta del estado mexicano de Chiapas, al sur de México) y nos bloqueó de WhatsApp”, contó Ortiz. La mujer de 45 años aseguró que el mismo temor a ser encarcelada y deportada fue lo que no le permitió denunciar.
