CARACAS (AP) — La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó el martes que es una “aberración jurídica” la inhabilitación en su contra para ejercer cargos públicos durante 15 años y, en consecuencia, rehusó retirarse de las primarias del 22 de octubre. El tema se coló en una cita del Mercosur sin que hubiera una posición acorde para emitir un pronunciamiento de rechazo.
La oposición busca elegir a un candidato único en primarias con el que enfrenta al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. “Nicolás Maduro tú no eres quien va a elegir al candidato que va a enfrentar y derrotar” al oficialismo, dijo Machado en una rueda de prensa.
La Contraloría General de Venezuela -encabezada por Elvis Amoroso, partidario del gobierno y cercano colaborador de Maduro- informó la semana pasada de la inhabilitación a Machado, acusándola de ser partícipe de una supuesta trama de corrupción orquestada por el líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando era líder de la Asamblea Nacional.
Machado fue la legisladora más votada en las elecciones legislativas de 2010 en Venezuela y luego fue despojada de su investidura parlamentaria. Aunque no forma parte del Legislativo desde 2014, en los últimos años ha sido una de las voces más críticas de los líderes de los mayores partidos opositores, a los acusó de fracasar en su política para separar a Maduro del cargo y, ya debilitados, de intentar pactar con el gobierno a cambio de mantener pequeñas cuotas de poder.
La decisión que le imposibilitaría participar en las próximas elecciones fue cuestionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
Además de inhabilitar a Machado, la Contraloría venezolana también la acusó, sin presentar pruebas, de ocultar información sobre su patrimonio tras el cese de sus funciones como diputada.
Pero Machado reiteró su empeño en presentarse a las primarias de octubre alegando que quien gane será “el candidato que reconocerán los venezolanos y la comunidad internacional”. La exlegisladora expresó su confianza de que eso obligará a Maduro y sus aliados a dar su brazo a torcer.
En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un hecho punible cometido por una persona cuando se determina que incurrió en abuso de poder, del cargo, entre otros casos previstos en las leyes locales. Los críticos de los gobiernos socialistas, entre ellos Machado, denuncian que la inhabilitación por años ha sido usada como un arma política.
A los pronunciamientos en contra de la inhabilitación, el martes se sumaron el martes los presidentes de Paraguay y Uruguay, quienes durante la última Cumbre de jefes de Estado del Mercosur pidieron a sus socios de Brasil y Argentina “alzar la voz” y denunciar las restricciones políticas impuestas en Venezuela.
Pero el plenario de presidentes del Mercosur volvió a dejar expuestas las diferentes miradas ante la situación política de Venezuela, país que está suspendido desde 2017 por el bloque sin que haya consenso para levantar la sanción
Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistieron en plantear la necesidad de una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, advirtiendo que los problemas de Venezuela no se resuelven con otros países “metiéndose en cuestiones internas”.
Mientras que el uruguayo Luis Lacalle Pou y el saliente presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ambos de centro-derecha, reclamaran un pronunciamiento conjunto del Mercosur.
Lacalle Pou puso en duda que en Venezuela surja una democracia sana, cuando “una candidata con un potencial enorme se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos”.
“Hoy vemos una violación a los derechos de María Corina Machado que atacan el nervio de la democracia venezolana”, advirtió Abdo Benítez. “El problema no es con la visión de Paraguay o con alguna concepción ideológica. Este es un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos”.
Lula, que asumió la presidencia pro témpore del bloque, dijo desconocer los detalles de la resolución contra Machado, pero “en lo que podamos aportar, discutir, lo haremos. Lo que no podemos es tener en cuenta las fallas de uno y no del otro. No hay que dejar a nadie de lado”.
El gobierno de Maduro y sus aliados, por su parte, han rechazado vehementemente los pronunciamientos de Washington y Borrell, entre otros, acusando a sus críticos de inmiscuirse una vez más “en asuntos internos” de Venezuela.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos —el 8 de julio de 2020— en un pronunciamiento señaló que “la inhabilitación solo puede ser impuesta por un juez competente previa condena en proceso penal”.
Machado agregó que está dispuesta a “ir hasta el final, con todas implicaciones que eso tiene” por considerar que de aceptar esa lógica, las inhabilitaciones continuarán hasta que quede el candidato que “Maduro quiere como contendiente”.
Machado ya fue inhabilitada para ejercer cargos públicos en otra ocasión, por un año. Fue en 2014 luego de que aceptó desempeñarse como representante alterna de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el propósito de denunciar los presuntos delitos cometidos por el gobierno de Maduro.
La inhabilitación le impidió postularse para las elecciones parlamentarias de 2015 que ganó abrumadoramente la oposición. Nunca hubo una sentencia firme de algún tribunal venezolano que avalase la inhabilitación.
