SANTIAGO (AP) — El gobierno chileno presentó el jueves una nueva política nacional de migraciones que incluye el empadronamiento de los extranjeros en situación irregular y más causales para la prohibición de ingreso, entre ellas, condenas por violencia intrafamiliar.
Durante los últimos años Chile vivió una inmigración descontrolada en su frontera norte con Perú y Bolivia, donde hay decenas de pasos ilegales. Para enfrentar la situación el presidente Gabriel Boric desplegó a los militares en la frontera.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que esta nueva política surgió porque el país carecía de una normativa clara y porque la inmigración irregular constituye una de las principales preocupaciones ciudadanas.
La normativa implica el empadronamiento de los mayores de 18 años que hayan ingresado de manera irregular para saber quiénes están en el país y que incluirá las huellas dactilares, una fotografía y los antecedentes, explicó.
“No es posible que el Estado chileno pueda garantizar la seguridad si no tenemos la identidad de las personas que están en el territorio nacional”, agregó.
La nueva política irá acompañada de una ley, que se enviará al Congreso para su trámite legislativo, que agrega causales para la prohibición de ingreso y la expulsión del país. Por ejemplo, se negará la entrada a quienes tengan condenas por violencia intrafamiliar en sus países de origen y se expulsará a quienes cometan más de tres faltas en un período de dos años, explicó Monsalve.
Agregó que otra causal de expulsión será la comisión de delitos o crímenes en los últimos cinco años.
El ministro descartó una regularización general y masiva, la que sólo se dará en casos excepcionales como vínculos familiares o contratos de trabajo en ramas de difícil cobertura o donde hay escasez de trabajadores.
La norma incluye la agilización de las expulsiones: actualmente para expulsar a un extranjero hay que notificarlo personalmente, lo que será sustituido por una carta certificada o por correo electrónico.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó recientemente que hay más de 20.000 expulsiones pendientes que no se han podido concretar.
