LA HAYA, Holanda (AP) — La pesquisa en la Corte Penal Internacional sobre la llamada “guerra contra la droga” en Filipinas puede continuar, según decidieron el martes jueces de apelación al rechazar las objeciones de Manila.
La investigación de la corte se interrumpió a finales de 2021 después de que Filipinas dijera que ya estaba investigando las mismas acusaciones y alegara que por lo tanto la CPI, una corte de último recurso- no tenía jurisdicción.
Filipinas presentó su apelación después de que los jueces acordaran con el fiscal jefe del estado, Karim Khan, que derivar la investigación a Manila no estaba “garantizado”. Los jueces decidieron en su momento que el proceso nacional no implicaba “medidas tangibles, concretas y de investigación progresiva de forma suficientemente equiparable a la investigación de la corte”.
En una vista el martes, el juez presidente Marc Perrin de Brichambaut dijo que el comité de apelaciones de cinco jueces acordó en una decisión mayoritaria rechazar la apelación de Filipinas.
Más de 6.000 sospechosos, la mayoría personas empobrecidas, han muerto en la campaña contra los delitos de drogas, según anuncios del gobierno. Grupos de derechos humanos dicen que la cifra es considerablemente más alta y debe incluir muchos asesinatos sin resolver cometidos por pistoleros desde motocicletas y que podrían haber sido realizados por la policía.
El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha defendido la campaña como “dirigida legítimamente contra los capos y traficantes de la droga que han destruido durante muchos años a la generación actual, especialmente a los jóvenes”.
Duterte retiró a Filipinas de la corte con sede en La Haya en 2019, en una decisión que activistas de derechos describieron como un intento de eludir responsabilidades y evitar una pesquisa internacional sobre las miles de muertes en su campaña contra las drogas ilegales. Sin embargo, la CPI aún tiene jurisdicción sobre supuestos crímenes cometidos cuando el país aún era miembro del tribunal.
El actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., dijo el año pasado que Manila no tiene planes de regresar a la CPI, una decisión que respalda la posición de su predecesor pero en contra de los deseos de activistas de derechos humanos.
