MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Varias organizaciones sociales han interpuesto una demanda constitucional contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el primer ministro, Alberto Otárola, por la presunta vulneración del derecho a la protesta en el marco de la tercera 'Toma de Lima'.
Este proceso, interpuesto ante el Juzgado Especializado Civil del Tribunal Superior de Justicia de Puno, también se dirige contra los ministros del Interior y Defensa, Vicente Romero y Jorge Luis Chávez, respectivamente; el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Ángulo; y el presidente del Congreso, José Williams Zapata.
Los demandantes consideran que estos son responsables de supuestos hechos lesivos que constituyen acciones que son una amenaza al derecho a la protesta, cuya tercera convocatoria está programada para este miércoles, según informa el periódico 'La República'.
En este sentido, sostienen que las autoridades han criminalizado las protestas, causando la violación de Derechos Humanos, y denuncian que las fuerzas de seguridad presentan un comportamiento arbitrario, generando una estigmatización de los manifestantes.
La demanda, interpuesta por Félix Suasaca, secretario general de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas; y Salvador Merma, secretario general de la Federación Departamental de Campesinos de Cuzco; indica que los derechos vulnerados son a la protesta, libertad de reunión, libertad de expresión, desenvolvimiento de la personalidad, al honor, entre otros.
Además, han exigido el cese de las detenciones arbitrarias en las manifestaciones y una investigación en esta materia contra los agentes militares y policiales.
En la víspera de la tercera 'Toma de Lima', que busca exigir un adelanto electoral y justicia para las víctimas mortales de anteriores movilizaciones, Boluarte ha calificado las nuevas protestas como "una amenaza a la democracia" y ha advertido de que desde su Gobierno no lo van a permitir. La mandataria se ha dirigido a la nación para criticar que la tercera convocatoria de protestas desde que se aupó tras la caída en desgracia del expresidente Pedro Castillo responde a "una demanda política no entendida para la mayoría de peruanas y peruanos".
Por su parte, Otárola se ha referido a las manifestaciones subrayando que el derecho a la protesta es "importante" pero tiene límites, en referencia a la obligación del Estado de "proteger la integridad de quienes salen a marchar, pero también de garantizar la paz y la tranquilidad de la inmensa mayoría de peruanos que no va a salir a marchar".
En los últimos días colectivos, organizaciones y sindicatos han comenzado a marchar desde varias localidades del país para poder asistir este miércoles a la tercer edición de la conocida como 'Toma de Lima'. El objetivo es hacer renunciar al Gobierno de Boluarte antes de su discurso a la nación del 28 de julio.
