CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía de Guatemala allanó el jueves por segunda vez la sede del Tribunal Supremo Electoral y tiene emitida una orden de captura contra una responsable del Registro de Ciudadanos, en una nueva maniobra judicial dentro del proceso penal que se sigue contra uno de los partidos que pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El ente rector electoral se negó, siguiendo una orden constitucional, a cancelar la personalidad jurídica del movimiento Semilla, que impulsa al candidato de izquierda Bernardo Arévalo. Éste se disputará la presidencia el 20 de agosto frente a la aspirante de derechas Sandra Torres, de donde saldrá el reemplazo del presidente Alejandro Giammattei. El allanamiento de la Fiscalía, según confirmó el ente rector electoral, buscaba evidencias y registros de personal de la entidad electoral, después de que ya hiciera una pesquisa similar la semana pasada. Un juez había ordenado suspender a Semilla por supuestamente haberse constituido como partido político con firmas falsas.
David de Léon, vocero del tribunal electoral, confirmó a The Associated Press el allanamiento del jueves y dijo que se realizó en la sede de Recursos Humanos de la institución. La orden de aprehensión, precisó, es contra la abogada Eleonora Castillo, subregistradora del Registro de Ciudadanos, a cargo del despacho.
El juez Fredy Orellana dispuso la detención de la funcionaria que quedó encargada del Registro de Ciudadanos, después de que el Registrador Ramiro Muñoz, que tiene inmunidad por su posición, solicitara días de vacaciones al tribunal electoral y saliera del país.
Primero Muñoz y luego Castillo recibieron el requerimiento judicial de suspender la personería jurídica de Semilla, por iniciativa de la fiscalía, pero no ejecutaron la orden ya que la Corte de Constitucional concedió un amparo al movimiento para interrumpir la intervención mientras concluye el proceso electoral en el país. Pero el juez Orellana insistió en que se cancele al partido político.
Después de que el Registro informara al juez Orellana que no podía ejecutar su orden de cancelar la personería de Semilla por el fallo de la CC -el tribunal de mayor jerarquía en Guatemala-, el juez ordenó a la fiscalía investigar al Registrador Ramiro Muñoz. Cuando Eleonora Castillo asumió el encargo en el Registro de Ciudadanos, el juez le volvió a requerir el por qué no se cancelaba la personería de jurídica. Ésta le respondió con la misma negativa dado el fallo constitucional y Orellana ordenó su captura.
Las decisiones del magistrado y las de los fiscales del Ministerio Público han cosechado el rechazo popular a nivel nacional e internacional y han sido cuestionadas sobre los motivos de fondo para investigar a toda costa al partido Semilla.
El primer allanamiento se realizó el jueves pasado cuando la fiscalía interrumpió la sede electoral con hombres cubiertos con gorras pasamontañas y armados en busca de la documentación original que acreditó la inscripción del partido, incautando la misma.
La víspera, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Orellana señalándolo de socavar procesos o instituciones democráticas en Guatemala al autorizar acusaciones penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión. Le retiró la visa de entrada a territorio estadounidense.
Las sanciones de Estados Unidos también alcanzan a los fiscales Cinthia Monterroso, Rafael Curruchiche y a la fiscal general, Consuelo Porras, por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia del país.
