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Gobierno federal demanda a Abbott por barrera flotante en el río Bravo

El gobierno mexicano solicitó la intervención de la presidencia de Biden, asegurando que la barrera viola los tratados internacionales

El Departamento de Justicia interpuso el lunes una demanda contra el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por una barrera flotante que el estado instaló recientemente en el río Bravo que representa la más reciente en una serie de tácticas agresivas para impedir que los migrantes ingresen a Estados Unidos desde México.

La demanda solicita a un juez federal en Austin que obligue a Texas a retirar la fila de enormes boyas anaranjadas que se extiende unos 305 metros, la cual el gobierno federal asegura que plantea preocupaciones ambientales y humanitarias. La denuncia también afirma que Texas instaló la barrera de forma ilícita sin obtener los permisos necesarios.

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Las boyas colocadas entre las ciudades fronterizas de Eagle Pass y Piedras Negras, México, son la más reciente escalada en la operación de seguridad fronteriza emprendida por Texas, la cual también incluye cercado con alambre de púas, detención de migrantes por cargos de invasión de propiedad privada y el envío de solicitantes de asilo hacia ciudades de otros estados con gobiernos demócratas.

Los opositores han puesto en tela de juicio desde hace tiempo la efectividad de la operación conocida como Lone Star, la cual ha estado en vigor durante dos años. Además, relato de un patrullero estatal hace unos días sobre que las medidas causan heridas a los migrantes ha puesto nuevamente a la misión bajo el microscopio.

En anticipación a la demanda, Abbott le envió al presidente Joe Biden una carta el lunes por la mañana en la que defiende el derecho de Texas a instalar la barrera. Acusó al mandatario de poner en riesgo a los migrantes al no hacer más para disuadirlos de realizar el viaje hacia Estados Unidos.

“Texas lo verá en la corte, señor presidente”, respondió Abbott

El gobierno del Biden ha dicho que el número de cruces fronterizos ilegales ha caído significativamente desde que se implementaron nuevas reglas de inmigración en mayo. En junio, el primer mes completo desde la entrada en vigor de las nuevas medidas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) dijo que los encuentros con migrantes se redujeron un 30% respecto al mes previo y que eran el nivel más bajo desde el primer mes de Biden en la presidencia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas que las políticas de Abbott en su conjunto han dificultado el acceso de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos al río. “Son acciones ilegales que no ayudan y que están socavando lo que el presidente ha propuesto y está tratando de hacer”, afirmó.

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En una carta enviada la semana pasada, el Departamento de Justicia le dio a Texas hasta el lunes para comprometerse a retirar la barrera o enfrentaría una demanda. La misiva decía que la barrera de boyas “representa un riesgo a la navegación y a la seguridad pública en el río Grande, y presenta inquietudes en materia humanitaria”.

El estado colocó las boyas sin notificar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) ni al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El gobierno mexicano solicitó la intervención de la presidencia de Biden, asegurando que la barrera viola los tratados internacionales.

No es la primera vez que el gobierno de Biden presenta una demanda contra Texas por sus acciones en la frontera.

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El secretario de Justicia Merrick Garland acusó en 2021 a Texas de usurpación e incluso de interferir con la responsabilidad del gobierno federal para la aplicación de leyes de inmigración después de que Abbott les otorgó a los patrulleros estatales las facultades para detener a vehículos que transportaran a migrantes bajo el argumento de que podrían incrementar la propagación del COVID-19.

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