CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los expertos internacionales que llevan ocho años investigando la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México cerraron el martes su trabajo en el país denunciando obstáculos a sus pesquisas y con un nuevo informe en el que, según afirman, se exponen las mentiras y ocultamiento de datos por parte de las Fuerzas Armadas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), ya sólo integrado por Carlos Beristain y Ángela Buitrago, sale así del país sin poder aclarar cuál fue el destino de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero ofreció lo que consideran nuevas pruebas de la participación del Ejército en la desaparición y de la Marina en el ocultamiento del crimen, por ejemplo, mediante “operativos clandestinos” que pudieron conllevar presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Afirmó que el análisis de 500 llamadas, documentos, fotografías, videos, declaraciones y entrevistas demuestran cómo las Fuerzas Armadas siguen mintiendo y escondiendo datos pese al compromiso presidencial de esclarecer el caso.
“Todas las corporaciones del Estado” participaron en la desaparición de los jóvenes con "distintos niveles de responsabilidad, aseguró Beristain. Y el crimen organizado fue el brazo ejecutor, agregó.
Según el documento, la Marina realizó “un operativo de inteligencia de carácter reservado” desde el día siguiente al ataque a los estudiantes del que nunca informó y que llevó a cabo detenciones y torturas “con resultado de muerte de algunos detenidos y sin que se conozca el destino y paradero de otros".
Los expertos pidieron investigar dos posibles ejecuciones extrajudiciales y cinco desapariciones, todas aparentemente de supuestos delincuentes. Encontraron una foto de dos cadáveres maniatados con vendas similares a las que se ven en videos de detenciones de la Marina e informes oficiales de dos muertes sin explicar. También hallaron fotografías de otros detenidos vivos siendo interrogados cuyo paradero no se conoce. La información fue corroborada con testimonios de un testigo protegido.
Los expertos afirmaron que estas acciones, así como la manipulación de pruebas clave, fueron parte del intento de autoridades por ocultar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando policías locales capturaron a los estudiantes con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.
