PALMA, 27 (EUROPA PRESS)
Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares ese jueves en un comunicado, hace más de un mes se inició un operativo policial que ha terminado con la detención y la apertura de distintos expedientes sancionadores por infracciones contra la ley de extranjería 4/2000 de los tres individuos.
La investigación se inició al tenerse conocimiento en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Palma de la existencia de tres viviendas en Inca en las que estaban empadronadas un total de 85 personas extranjeras.
De las primeras gestiones realizadas se pudo determinar que un total de 67 de esas personas se encontraban en situación de estancia irregular en España, en su mayoría marroquís, y otras nunca residieron en esos domicilios, ni siquiera hay constancia de que hubieran estado alguna vez en España.
Seguidas las diligencias oportunas, las personas implicadas en los hechos fueron expedientadas en relación al artículo 53 de la Ley de Extranjería, siendo propuestas para una sanción de 1.000 euros por persona.
Además, como consecuencia de esos expedientes administrativos sancionadores se detectó la existencia de presuntas infracciones de índole penal como falsedades documentales y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
El Grupo 1º de la UCRIF de la Policía Nacional continuó las averiguaciones pertinentes localizando a varias de las personas empadronadas irregularmente y averiguando que habían pagado una media de 400 euros a los presuntos autores, constatando que algunas de las que habían pagado por el empadronamiento habían sido "estafadas", ya que no estaban empadronadas en los domicilios.
Los agentes, tras reunir las pruebas suficientes, procedieron a la detención de los dos primeros, madre e hijo, admitiendo el segundo que participaba en los hechos por petición de su madre.
El tercero, independiente de los anteriores y de origen español también fue finalmente detenido y remitidas las diligencias policiales a los juzgados de Inca.
