MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El abogado José Balarazo ha explicado que los detenidos son oriundos de Lima, pero también de las regiones de Moquegua, Puno, Arequipa y Chiclayo, según declaraciones recogidas por la cadena TeleSur.
Muchos de los detenidos están en las comisarías de Petit Thouars, Alfonso Ugarte y Cotabambas, entre otras, aunque varios de los detenidos han podido ser puestos en libertad gracias al trabajo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Balarazo ha destcado que la represión va dirigida contra líderes de las protestas en el marco de una estrategia de criminalización de la movilización.
Representantes del Poder Judicial y de los cuerpos de seguridad van a las viviendas de los detenidos con supuestos fiscales y policías y comunican a las familias que sus allegados son productores de proyectiles y cohetes, entre otros cargos que emplean para amedrentar, ha explicado el abogado. Se trata de denuncias "arbitrarias y sin cargos", por lo que ha exigido la liberación de los detenidos y respeto a los Derechos Humanos.
Algunos de los detenidos están ingresados en hospitales, personas a las que dispararon incluso en los genitales el viernes y a otras a las que este sábado les lanzaron bombas lacrimógenas en la Plaza Dos de Mayo.
Balarazo ha advertido de que el Estado democrático no está hoy vigente y se ha producido un cambio de régimen constitucional. "Prácticamente estamos viviendo el secuestro de un Estado democrático y respetuoso de los Derechos Humanos", ha apuntado.
Un grupo de manifestantes se concentró el sábado frente a la sede de la División de Asuntos Sociales, en el distrito de Rímac, en Lima, para exigir exigiendo la liberación del periodista, docente universitario y documentalista Kenty Aguirre, además del dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Vecinales de Lima Norte, Raúl Tinco, ambos detenidos el viernes.
El medio Red Muqui ha informado del despliegue de un nutrido contingente policial para cercar a los manifestantes, pero también de que la presión propició la puesta en libertad de Tinco sobre las 20.00 horas.
Uno de los afectados por las cargas policiales del viernes en la plaza Dos de Mayo, el dirigente de la Central Unitaria de Lucha (CNUL) Germán Altamirano, ha señalado que "la brutalidad de la Policía obedece a órdenes que recibe del Ejecutivo, el Congreso y los mandos militares" en una estrategia para amenazar a los manifestantes.
Recordó que el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, tiene abiertas 55 investigaciones judiciales y ha advertido de que las protestas continuarán hasta que renuncien el Congreso y Boluarte, a quien catalogó de usurpadora y traidora.
Con motivo de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, miles de personas salieron a las calles a protestar contra las nuevas autoridades encabezadas por Dina Boluarte, la que era su 'número dos'. La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi mil heridos y decenas de detenidos.
