BOGOTÁ (AP) — A punto de cumplir su primer año de mandato en Colombia, el presidente Gustavo Petro afronta una de sus crisis más graves frente a la opinión pública, los sectores políticos y las autoridades, luego de que su hijo Nicolás le dijera a la Fiscalía General de la Nación que dineros de origen dudoso habían entrado a la campaña electoral de su padre en 2022.
La revelación causó un fuerte remezón político en el país y dividió a los partidos entre los que apoyan al mandatario, los que piden que se defienda la institucionalidad del país y se hagan las investigaciones respectivas y los que han pedido su renuncia luego de conocerse estos señalamientos.
El jefe de Estado designó el viernes a un abogado para que lo represente en los procesos de investigación que podrían abrirse en su contra. Su hijo se comprometió con las autoridades judiciales a entregar pruebas documentales.
AP explica las posibles repercusiones judiciales y políticas que podría enfrentar el mandatario colombiano:
¿POR QUÉ EL HIJO DE PETRO SEÑALÓ SU CAMPAÑA PRESIDENCIAL?
Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, después de que su exesposa lo señalara de haber recibido dineros irregulares para la campaña presidencial de su padre y de haberse quedado con ellos.
Según la acusación de la Fiscalía, Nicolás Petro recibió dinero de Samuel Santander Lopesierra, condenado y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, y de Gabriel Hilsaca, hijo del Alfonso el “turco” Hilsaca. Este último, procesado en Colombia por homicidio y concierto para delinquir.
El hijo del mandatario colombiano aceptó colaborar con las autoridades y el jueves el fiscal encargado del caso, Mario Andrés Burgos, aseguró que Nicolás Petro informó que aportaría pruebas de que parte de los dineros con los que incrementó ilegalmente su patrimonio fueron a parar a la campaña presidencial del hoy presidente de Colombia.
¿CÓMO REACCIONÓ EL PRESIDENTE PETRO?
El mandatario colombiano anunció el viernes en un comunicado que designó a un abogado para que lo represente y manifestó que recibe “con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial” en la Costa atlántica, lugar en el que se ha movido políticamente su hijo Nicolás.
También dijo que “nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial”. Todo esto, según el presidente Petro, respetando el debido proceso y otorgando todas las garantías del caso.
“Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda”, aseguró el jefe de Estado.
¿QUÉ PRUEBAS PRESENTARÁ EL HIJO DE PETRO?
Al colaborar con la justicia, Nicolás Petro tendrá que aceptar los cargos que se le imputan por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y, según la relevancia de la información que entregue, podría tener una rebaja en su condena. Está detenido desde el sábado.
Hasta el momento, Petro hijo ha dicho que podría aportar audios y documentos que probarían que parte de los dineros que él recibió fueron destinados a la campaña presidencial de su padre.
Sin embargo, esta información no se ha revelado todavía, como tampoco los términos del acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Nicolás Petro. Este documento, en todo caso, debe ser avalado por un juez para que tenga validez.
¿PUEDE EL PRESIDENTE SER ACUSADO DE ALGÚN DELITO?
La presunta recepción de dineros de origen dudoso en la campaña del presidente Petro ya tiene consecuencias en el Congreso de la República, que es, constitucionalmente, el único que puede desarrollar un juicio político contra un mandatario.
En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, ya hay dos denuncias contra el jefe de Estado por estos hechos.
El presidente de esa comisión, Wadith Manzur, informó el viernes que existe una investigación previa sobre el mandatario y que tres congresistas están recogiendo información sobre las denuncias interpuestas.
Todavía no se sabe si habrá una acusación contra el presidente Petro y, en caso de que esto suceda, qué delitos se le podrían imputar.
¿PODRÍA SER DESTITUIDO?
Para que el jefe de Estado sea destituido de su cargo debe desarrollarse un juicio político en el Congreso y un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia. En ese supuesto, asumiría la vicepresidenta Francia Márquez.
Si la Comisión de Acusación de la Cámara de Representes determina que hay elementos para acusar al presidente Petro, debe llevar el caso ante la plenaria de la Cámara de Representantes y ésta, a su vez, ante la plenaria del Senado de la República. En esa última instancia se definiría la suerte del jefe de Estado.
El exregistrador nacional y abogado experto en Derecho electoral, Alfonso Portela, explicó que la máxima sanción que podría proferir el Congreso de la República sobre Petro es declarar su “indignidad” y retirarle el fuero presidencial, ante lo cual el presidente debe separarse de su cargo. Al mismo tiempo, el Congreso tendría que trasladar el caso a la Corte Suprema de Justicia, donde comenzaría un proceso penal en su contra.
Si es declarado culpable ante la Corte Suprema, entraría la figura de la destitución.
¿HAY ALGÚN PRECEDENTE DE UN PRESIDENTE DESTITUIDO O CONDENADO?
En la historia de Colombia nunca un presidente en ejercicio ha sido destituido.
El antecedente más cercano es el del entonces presidente Ernesto Samper, que fue acusado en 1995 de recibir seis millones de dólares de un cártel de la droga del suroccidente del país.
Aunque avanzaron las investigaciones y el Congreso le siguió un proceso, Samper fue absuelto por el Legislativo.
¿PODRÍA ANULARSE LA ELECCIÓN DE PETRO?
De acuerdo con el abogado experto en temas electorales Hollman Ibáñez, no podría anularse la elección del presidente Petro. La norma que recoge los casos para anular la votación contempla ocho causales, pero ninguna de ellas es por violación a los topes de los aportes electorales de campaña.
Es el Consejo Nacional Electoral el que debe determinar si hubo violación en las reglas sobre financiación electoral.
Adicionalmente, según Ibáñez, existe un plazo para solicitar la nulidad: 30 días después de declarada la elección. Petro fue proclamado ganador el 23 de junio del año pasado.
Las causas para anular una elección popular en Colombia están relacionadas con haber influido de forma indebida a favor del candidato elegido o con la militancia simultánea en dos fuerzas políticas diferentes en el momento de la elección.
¿QUÉ RESPONSABILIDAD PENAL PODRÍA AFRONTAR LA CAMPAÑA?
El Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de revisar y fiscalizar las cuentas de las campañas e investigar presuntas irregularidades. El CNE fija los topes de gastos.
Ya hay un proceso abierto ante el rector electoral sobre la campaña del presidente Petro, después de que el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, mencionara algunas presuntas irregularidades en unos audios que salieron a la luz pública. Benedetti fue uno de los hombres más cercanos al actual jefe de Estado durante la campaña.
En este caso, el tribunal electoral investigaría, básicamente, la posible violación de topes en la financiación de la campaña presidencial.
En el caso de que el tribunal electoral investigase la entrada en la campaña de Petro de los recursos de origen dudoso que alega su hijo, las sanciones que podría imponer son pecuniarias, es decir multas, ya que se trata de un ente de carácter administrativo, aclaró el abogado Ibáñez.
La Fiscalía General de la Nación, por su parte, sí podría imponer sanciones penales contra el gerente de la campaña y otros directivos de la misma, matizó el también abogado Portela, dependiendo de la información que finalmente entregue Nicolás Petro a las autoridades.
