WASHINGTON (AP) — Pocas horas después de que los alborotadores sitiaran el Capitolio y avasallaran a la policía en un ataque violento contra la sede de la democracia estadounidense el 6 de enero de 2021, el principal abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, llamó a su jefe para darle un mensaje urgente.
Es hora de que le ponga fin a sus objeciones a las elecciones de 2020, le dijo Cipollone a Donald Trump, y permita que el Congreso certifique a Joe Biden como el próximo presidente. Trump se negó.
Trump ya no escuchaba a sus asesores de la Casa Blanca, el equipo de abogados de élite que prestan juramento para servir en la oficina del presidente. Pero a todas luces ya llevaba algún tiempo sin escucharlos.
El momento extraordinario —detallado a fondo por primera vez en la imputación federal más reciente contra Trump, que fue desprecintada la semana pasada— ilustra de manera vívida hasta qué punto las últimas semanas del expresidente en el cargo se vieron consumidas por un forcejeo con respecto a la ley, con dos grupos de abogados haciéndole frente mientras el futuro de la democracia de Estados Unidos pendía de un hilo.
Los intentos de Trump para permanecer en el poder, según la acusación formal y las pruebas recopiladas en las investigaciones del Congreso, fueron rechazados con firmeza por Cipollone y su principal subalterno, Pat Philbin. Ante ello, Trump recurrió a aliados externos, incluidos Rudy Giuliani, John Eastman y Kenneth Chesebro, entre otros asesores jurídicos, con el fin de lanzar lo que los fiscales federales han llamado una “maquinación criminal” para revocar los comicios de manera fraudulenta.
Cipollone y Philbin habían sido escuchados antes, ya que ambos atendieron una citación para testificar ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero. Pero no pudieron revelarle al Congreso sus interacciones con Trump, citando el llamado privilegio ejecutivo que habitualmente mantiene en la confidencialidad su trabajo en la Casa Blanca.
Jack Smith, el fiscal especial que presentó la acusación contra Trump, no enfrentó una barrera así. Un juez federal dictaminó que los abogados tenían que testificar sobre sus interacciones con Trump en las caóticas semanas previas a la insurrección del 6 de enero.
Gracias a ello, los fiscales pudieron obtener nuevos detalles extraordinarios que se utilizaron en la acusación formal del expresidente. Y parece probable que Cipollone y Philbin se conviertan en testigos importantes en el próximo juicio a Trump.
Las solicitudes de comentarios que se les hicieron no fueron respondidas.
La ruptura de la relación entre Trump y su abogado de la Casa Blanca —un convenio abogado-presidente que se remonta a Franklin D. Roosevelt— comenzó en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de 2020. En ese momento Cipollone y Philbin le daban una asesoría “franca” a Trump de que no había evidencia de fraude que pudiera cambiar los resultados de los comicios.
A pesar de ese consejo, Trump comenzó a convocar a asesores externos a la Casa Blanca para una serie de reuniones largas, contenciosas y, en ocasiones, desagradables sobre los pasos que podría dar para impugnar las elecciones.
En una sesión ahora tristemente célebre el 18 de diciembre de 2020 en la Oficina Oval, aliados de Trump —incluidos Sidney Powell y Michael Flynn, el exasesor de seguridad nacional— propusieron ordenar a las fuerzas armadas que incautaran las máquinas de votación en estados cruciales donde Trump había perdido.
A Cipollone le tomó por sorpresa la reunión, pues se enteró de ella justo cuando estaba a punto de salir de la Casa Blanca al final del día. En su testimonio ante la comisión que investiga los hechos del 6 de enero, recordó que los asesores de Trump lo atacaron “enérgicamente” de manera verbal a él y a otros abogados de la Casa Blanca cuando rechazaron la idea de apoderarse de las máquinas de votación.
“Estaba siendo presentada al presidente por personas que no creo que tuvieran en mente el mejor interés de él”, dijo Cipollone a los legisladores en junio de 2022. “Le estaban haciendo un perjuicio al país y al presidente, tanto en su calidad de presidente como en su calidad personal”.
Algunos abogados que han sido asesores de la Casa Blanca dijeron estar estupefactos por lo que leyeron en la imputación de Trump, y calificaron la situación de “increíble” y distinta a cualquier cosa que ellos hayan experimentado en el cargo.
“No puedes ser efectivo como abogado, no sólo como abogado de la Casa Blanca, sino como abogado de cualquier cliente, si no puedes tener conversaciones francas sobre requerimientos jurídicos”, dijo Alberto Gonzales, que fue abogado de la Casa Blanca en el gobierno del presidente George W. Bush. “En el caso de la presidencia, para protegerlos de incurrir en una conducta que, si bien podría resultar no ser delictiva, tendrá graves consecuencias políticas”.
Y eso es exactamente lo que los fiscales dicen que intentaron hacer los abogados de la Casa Blanca. Para enero, cuando ya estaba claro que no lograrían que Trump los escuchara, los abogados comenzaron a advertir a otros sobre las graves consecuencias de seguir negando los resultados de las elecciones.
Tres días antes del 6 de enero, Philbin le dijo a Jeffrey Clark, un abogado del Departamento de Justicia, que si Trump permanecía en el cargo a pesar de que no había evidencia de fraude habría “disturbios en todas las ciudades importantes de Estados Unidos”.
A lo que Clark, según los fiscales, respondió: “Es por eso que existe una Ley de Insurrección”, refiriéndose a la disposición específica que le otorga al presidente el poder, en circunstancias excepcionales, de usar la fuerza militar dentro de Estados Unidos.
En una junta esa noche, Trump se reunió con los directivos del Departamento de Justicia, así como con Cipollone y Philbin, para expresar su frustración de que el Departamento de Justicia “no estaba haciendo nada para anular los resultados de las elecciones”, se afirma en la imputación.
Clark, un abogado de bajo nivel del Departamento de Justicia que se había posicionado como entusiasta defensor de las denuncias de fraude electoral en las semanas posteriores a las elecciones, estuvo presente. Presionaba para enviar una carta a las legislaturas estatales clave declarando falsamente que el Departamento de Justicia había identificado problemas en los resultados de los comicios.
En esa contenciosa reunión en la Oficina Oval el 3 de enero, Trump barajó la posibilidad de reemplazar al fiscal general interino, Jeffrey Rosen, por Clark, pero se echó para atrás cuando le dijeron que eso resultaría en renuncias masivas en el Departamento de Justicia y en la oficina de su propio abogado de la Casa Blanca. Cipollone calificó mordazmente el borrador de la carta de Clark de ser un “pacto de asesinato-suicidio”.
“No hay un mundo, no hay una opción en la que usted no salga de la Casa Blanca el 20 de enero”, le dijo Philbin a Trump ese día, según la acusación formal.
Para el 4 de enero, Trump, cansado de escuchar negativas de parte de sus abogados de la Casa Blanca, comenzó a convocar reuniones a sus espaldas, señala la imputación.
Kathryn Ruemmler, quien fue abogada de la residencia presidencial en el gobierno de Barack Obama, refirió que si alguna vez hubiera sido “excluida intencionalmente” de reuniones en las que el presidente recibía consejos jurídicos contrarios a los suyos, habría renunciado.
“Realmente no puedes operar en absoluto bajo esas circunstancias y condiciones”, agregó.
Ese día, Trump también se reunió con el entonces vicepresidente Mike Pence y su jefe de despacho y asesor jurídico. El objetivo de la reunión era que Trump —quien en ese momento había perdido numerosas demandas y no había podido identificar evidencia de fraude generalizado— convenciera a Pence de usar su papel ceremonial en la supervisión del conteo de votos del Colegio Electoral el 6 de enero para evitar que Biden se convirtiera en presidente.
Pence, tanto en esa reunión como dos días después, el 6 de enero, se negó a hacerlo. Desde la acusación formal ha dicho que Trump se dejó engañar por un grupo de “abogados chiflados” que querían violar la Constitución.
Pero incluso en las horas posteriores a los disturbios del 6 de enero, mientras la policía pasaba apuros para desalojar el Capitolio, Trump seguía intentando detener la certificación de los comicios.
Trump y Giuliani comenzaron a hacer llamadas a legisladores republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado después de los disturbios, según la acusación formal, buscando “aprovechar” la violencia del día para convencerlos de que debían retrasar el nombramiento de Biden como ganador.
En medio de todo eso, Cipollone le hizo su última súplica a Trump en una llamada telefónica a las 7:01 de la tarde, en la que le pidió que retirara sus objeciones y permitiera que la certificación avanzara.
“Expresé lo que necesitaba expresar”, dijo Cipollone a los legisladores el año pasado, cuando describió la llamada. Se negó en ese momento a revelar lo que se dijo.
