SAN SALVADOR (AP) — El gabinete de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele solicitó el miércoles a la Asamblea legislativa que autorice una nueva ampliación del régimen de excepcion dentro de los esfuerzos del gobierno para mantener una lucha sin cuartel contra las pandillas.
Es previsible que el congreso apruebe la nueva solicitud, la decimoséptima, que al igual que las anteriores suspende derechos constitucionales relacionados al plazo máximo de la detención de los capturados y a la privacidad de las telecomunicaciones con el objetivo de disminuir los homicidios, las extorsiones y otras acciones de violencia de los grupos delictivos.
“Hemos tenido cobardes ataques de grupos terroristas, estamos claros que debemos y tenemos que dar la vida para tutelar la vida de otros salvadoreños, pero no sólo ha sido contra nosotros, ustedes recordarán el caso de Usulután”, dijo el ministro de seguridad salvadoreño Gustavo Villatoro, al solicitar nuevamente la suspensión de derechos.
El funcionario salvadoreño se refirió al cerco militar de 8.000 militares y policías que el gobierno dispuso en el departamento de Cabañas, a 75 kilómetros de la capital, luego del ataque de supuestos pandilleros contra dos policías el pasado 30 de julio en Ilobasco, municipio de Cabañas.
El gobierno informó el martes sobre la captura de 56 presuntos pandilleros mediante el cerco militar.
El régimen de excepción, que ha permitido la captura de más de 76,000 personas supuestamente miembros de pandillas, enfrenta denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de organizaciones locales e internacionales.
Desde el inicio de su vigencia, 27 de marzo de 2022 hasta el 7 de agosto de 2023, la asociación humanitaria Cristosal ha recibido 3,434 denuncias de vulneraciones de derechos contra 3,570 personas y el fallecimiento de 179 personas detenidas.
Bajo el régimen de excepción, las autoridades han detenido a más de 71.400 supuestos pandilleros o colaboradores, según cifras oficiales, la mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas y con detención provisional sin condena en firme.
El vicepresidente Félix Ulloa aseguró a finales de julio que las autoridades han puesto en libertad a más de 6.000 personas debido a falta de pruebas que los vínculen con estructuras criminales.
