WASHINGTON (AP) — La jueza federal que preside el juicio a Donald Trump por conspiración contra la elección de 2020 accedió al pedido de la defensa de adoptar una versión más laxa de la orden de protección de la evidencia, pero coincidió con la fiscalía sobre cuáles deben ser los elementos confidenciales a proteger.
La jueza federal de distrito en Washington, Tanya Chutkan, prometió que la política no influirá sus decisiones, pero dijo reiteradamente el viernes que Trump está sujeto a las mismas normas judiciales que cualquier acusado, aunque sea candidato presidencial al mismo tiempo.
“Se supone que la defensa de su cliente debe suceder en este tribunal, no en internet”, subrayó Chutkan.
La jueza rechazó la propuesta de la fiscalía de una orden protectora amplia que impida la publicación de todas las pruebas que entregan a la defensa de Trump al prepararse para el juicio. En cambio, parecía dispuesta a imponer una orden protectora que prohibiera la difusión pública de materiales considerados “confidenciales”, como los del jurado investigador.
Pero sí rechazó otros pedidos de la defensa de ampliar los alcances de quién puede acceder a las pruebas de cargo y qué es lo que ha de considerarse confidencial.
El gobierno considera que la amplia mayoría de las pruebas en el caso son confidenciales. La jueza resolvió a favor de la fiscalía en qué materiales se consideran confidenciales y, por lo tanto, protegidos bajo la orden.
La orden de protección propuesta por la fiscalía se convirtió desde el principio en un punto crítico del caso. Los fiscales llamaron la atención de la jueza sobre un mensaje en la red social de Trump en que el expresidente dice que “perseguirá” a quienes lo “persigan”.
Advirtieron que Trump podría revelar indebidamente información en línea que podría “perjudicar y amilanar a testigos”. Acusaron a Trump de objetar a su propuesta porque quiere usar las pruebas del gobierno para “juzgar el caso en la prensa en lugar del tribunal”.
Trump ha despotricado contra los fiscales y la jueza en redes sociales y eventos de campaña, y sus abogados dicen que la propuesta de orden del gobierno se extralimitaba y limitaba su derecho a la libertad de expresión.
John Lauro, uno de los abogados defensores, mencionó el ejemplo del exvicepresidente Mike Pence, que compite contra Trump por la candidatura republicana y a la vez es un posible testigo en el caso presidido por Chutkan. Trump ha atacado reiteradamente lo que considera la deslealtad de Pence.
“El presidente Trump tiene derecho a responder a los opositores políticos”, sostuvo Lauro.
