LOS ÁNGELES (AP) — Un juez del sur de California acusado de matar a su esposa durante una discusión estando ebrio comparecerá el martes ante un tribunal.
El juez del tribunal superior del condado Orange, Jeffrey Ferguson, que se encuentra en libertad bajo fianza de un millón de dólares, tiene previsto comparecer ante un tribunal de Los Ángeles bajo cargos de homicidio. La audiencia programó allí porque Ferguson era juez de causas penales en un tribunal situado a unos 40 kilómetros (25 millas) al sureste, en el condado Orange.
Ferguson, de 72 años, fue detenido el 3 de agosto en su casa del exclusivo vecindario de Anaheim Hills después de que la policía encontrara a su esposa, Sheryl Ferguson, muerta a tiros. Los fiscales dijeron en los documentos judiciales que la pareja estuvo discutiendo y que el juez estaba bebiendo cuando sacó una pistola de una funda de tobillo y le disparó en el pecho. El hijo adulto de la pareja y Ferguson llamaron al número de emergencias 911, y Ferguson envió un mensaje de texto a su secretario judicial y al alguacil para decir que le había disparado a su esposa, según los archivos.
Envió un mensaje: “Acabo de perder la cabeza. Acabo de dispararle a mi mujer. No estaré mañana. Estaré bajo custodia. Lo siento mucho”, según el expediente.
Los fiscales dijeron que están buscando nuevas condiciones de fianza para Ferguson para proteger la seguridad pública y garantizar que no huya después de que las autoridades encontraron 47 armas, incluyendo la pistola utilizada en el tiroteo, y más de 26.000 cartuchos de municiones en su casa. Dicen que las armas son de propiedad legal, pero todavía falta un rifle registrado a su nombre.
Quieren que entregue su pasaporte, lleve un monitor en el tobillo y no posea armas de fuego ni consuma alcohol.
Los abogados de Ferguson han dicho que fue un accidente y una tragedia para la familia.
La detención conmocionó a la comunidad jurídica del sur de California y las autoridades han estado debatiendo sobre cómo debe tratarse el caso. La fiscalía del condado de Orange —un conjunto de ciudades con más de tres millones de habitantes— pidió a las autoridades estatales que se pronunciaran sobre la existencia de un conflicto antes de presentarle cargos la semana pasada.
