CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de Estados Unidos anunció el martes que presentará su primera apelación por la negativa de México a investigar las violaciones laborales relacionadas con el derecho de sindicalización.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó que solicitará a México revisar su decisión de no investigar el caso de la mina de San Martín en el estado de Zacatecas, en el centro de México. Esa fue la primera vez que México rechazó una queja sobre un asunto laboral bajo el amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
En los últimos dos años, México ha aceptado más de una decena de solicitudes estadounidenses en nombre de organizadores sindicales en México que alegaban que se les impedía la libre sindicalización.
Pero desde principios de agosto, México ha empezado a negarse rotundamente a intervenir en por lo menos dos casos, lo que representa la primera ocasión que ha rechazado denuncias laborales.
El 1 de agosto, la Secretaría de Economía de México rechazó una denuncia estadounidense sobre la mina de San Martín, que produce zinc, plomo, cobre y plata. La mina ha estado enfrascada en una añeja disputa entre dos sindicatos que afirman representar a los trabajadores.
México dijo que la disputa se resolverá únicamente en tribunales mexicanos, debido a que se remonta a 2007 y, por lo tanto, precede al T-MEC, que entró en vigor en 2020.
“Este anuncio sostiene el compromiso del gobierno Biden-Harris de crear condiciones más equitativas para que los trabajadores se sientan empoderados y de utilizar todos los instrumentos de aplicación de la ley a nuestra disposición para salvaguardar los derechos de los trabajadores”, dijo Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, en un comunicado.
Si México rechaza revisar su decisión, se podría designar un panel de expertos, y tendría unos seis meses para decidir quién tiene la razón en esta cuestión.
La disputa representa el primer problema importante para el llamado “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” o MLRR, que se estableció como parte del T-MEC y que es considerado uno de los mayores éxitos de la cooperación internacional en materia de derechos laborales.
“El MLRR ha demostrado ser una herramienta crucial para defender el libre ejercicio de la libertad de sindical y los derechos de negociación colectiva”, añadió Tai. “Aunque siempre estamos abiertos a colaborar con México para encontrar una solución, nuestra prioridad es ofrecer resultados significativos para los trabajadores”.
México modificó sus leyes laborales entre 2012 y 2017, en parte para conseguir la aprobación de su entrada en el T-MEC. Las nuevas leyes exigían el voto secreto en los contratos sindicales. Con ello se reconocía el hecho de que el viejo sistema sindical progubernamental de México estaba podrido hasta la médula y había mantenido los salarios artificialmente bajos durante décadas.
Las violaciones, en muchas de las cuales México ha acordado actuar, eran casi cómicas. Los sindicatos de la vieja guardia, en complicidad con las empresas, amenazaban a los empleados con el despido o la pérdida de prestaciones si optaban por un sindicato independiente. Celebraban votaciones en voz alta, cuando las llegaban a realizar.
Cuando se veían obligados a participar en votaciones secretas, los sindicatos de la vieja guardia a veces simplemente robaban las urnas si consideraban que iban perdiendo.
En un caso tras otro, los activistas sindicales independientes mexicanos enviaban quejas a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que las remitía a México, que accedía a ordenar que se celebraran de nuevo elecciones en circunstancias justas.
Casi siempre ganaban los sindicatos independientes. Pero en marzo, un sindicato de la vieja guardia, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), obtuvo una rara victoria en la sede del fabricante japonés de autopartes Grupo Yazaki.
La Casa Obrera del Bajío, un grupo activista sindical, dijo que la compañía y el sindicato se habían asociado para intimidar a los trabajadores para que votaran a favor de la CTM.
En el segundo caso en el que México se negó a aceptar una denuncia estadounidense, la Secretaría de Economía de México dijo la semana pasada que “no existen pruebas sustanciales de una injerencia patronal o denegación de derechos a la libertad sindical y negociación colectiva por parte de la empresa”.
Casa Obrera no piensa lo mismo. Señaló que tiene copias de los panfletos que Grupo Yazaki entregó en la entrada de la planta, en los que indicaba a los trabajadores que la votación del 31 de marzo no les permitiría elegir un nuevo sindicato, cuando en realidad sí lo haría. Afirma que organizadores sindicales independientes fueron despedidos y que el antiguo sindicato, junto con representantes de la empresa, acosó y presionó a los trabajadores.
El gobierno estadounidense ha dicho que espera que las denuncias laborales permitan algún día que los salarios mexicanos se acerquen a los de Estados Unidos, y que con ello se frene la fuga de empleos manufactureros.
Pero está claro que las denuncias en virtud del T-MEC no van a fungir como una varita mágica para conseguirlo.
Por ejemplo, en una planta automotriz del norte de México, un sindicato recién elegido consiguió que el salario mínimo se aumentara a unos 14 dólares al día, que sigue siendo menos de lo que gana un trabajador automotriz estadounidense en una hora.
