ISLAMABAD (AP) — Más de 200 exfuncionarios del gobierno y agentes de seguridad afganos han muerto en ejecuciones extrajudiciales desde que el Talibán tomó el control del país hace dos años, según un reporte de Naciones Unidas publicado el martes.
Los grupos más perseguidos por el Talibán eran antiguos militares, policías y agentes de inteligencia, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés).
UNAMA documentó al menos 800 violaciones de derechos humanos contra antiguos funcionarios del gobierno afgano y las fuerzas de seguridad entre el 15 de agosto de 2021, cuando el Talibán tomó el poder, y finales de junio de 2023.
El Talibán hizo un avance relámpago por Afganistán en las últimas semanas de retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN tras dos décadas de guerra. Las tropas afganas con formación y apoyo estadounidense se desmoronaron ante el Talibán y el expresidente Ashraf Ghani huyó del país.
“Las fueras de seguridad de facto (talibanas) detuvieron a personas, a menudo brevemente, antes de que fueran asesinadas. Algunas fueron trasladadas a centros de detención y asesinadas bajo custodia, otras fueron conducidas a lugares desconocidas y asesinadas, y sus cuerpos o bien se dejaron tirados o se entregaron a familiares”, indicó el reporte.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo en una nota de prensa que acompañaba al reporte que el documento “presenta una sombría imagen del trato a las personas relacionadas con el antiguo gobierno y las fuerzas de seguridad”.
“Más aún, dado que recibieron garantías de que no serían perseguidas, es una traición a la confianza del público", afirmó Turk. Instó a los gobernantes talibanes de Afganistán a cumplir sus “obligaciones según el derecho internacional de derechos humanos al impedir nuevas violaciones y exigir responsabilidades a los autores”.
Desde que tomó el poder, el Talibán no ha enfrentado una oposición significativa y ha evitado las disputas internas.
El Ministerio afgano de Exteriores, liderado por talibanes, rechazó el reporte y dijo no estar al tanto de ninguna violación de los derechos humanos cometida por funcionarios o empleados del Talibán.
El reporte señaló que los antiguos soldados afganos eran los que más riesgo corrían de sufrir violaciones de derechos humanos, seguidos por expolicías y agentes de inteligencia. Se registraron casos en las 34 provincias del país, especialmente en Kabul, Kandahar y Balkh.
La mayoría de los casos ocurrieron en los cuatro meses tras la toma talibán. UNAMA registró casi la mitad de las ejecuciones extrajudiciales de antiguos miembros del gobierno y las fuerzas de seguridad afganas durante ese periodo. Sin embargo, las violaciones de derechos continuaron después, con 70 ejecuciones extrajudiciales en 2022, según el reporte.
UNAMA también documentó al menos 14 desapariciones forzosas de exfuncionarios del gobierno y miembros de las fueras de seguridad afganas.
Alia Azizi, exdirectora de un penal de mujeres en la provincia occidental de Herat, no regresó a casa del trabajo el 2 de octubre de 2021 y su paradero sigue siendo desconocido. Aunque según reportes abrió una investigación sobre su desaparición, el Talibán no ha publicado ninguna información sobre su ubicación, señaló el reporte.
La ONU documentó más de 424 detenciones y arrestos arbitrarios de exfuncionarios y miembros de las fuerzas de seguridad afganas, con más de 144 casos de torturas y maltrato documentados en el texto, como golpizas con tuberías, cables, amenazas verbales y otros abusos.
El Talibán prometió en un principio una amnistía general para personas vinculadas con el gobierno anterior y las fuerzas internacionales, pero esas promesas no se han cumplido.
La responsable de la misión de la ONU en Afganistán, Roza Otunbayeva, instó al Talibán a mostrar “un compromiso genuino con la amnistía general. Este es un paso crucial para asegurar las opciones reales de justicia, reconciliación y paz duradera en Afganistán”.
Jeremy Laurence, vocero de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, dijo a la prensa que el Talibán alega que las violaciones de derechos son en su mayoría casos aislados, como venganzas personales, y que no son cometidos ni encargados por las autoridades.
“Las autoridades de facto han respondido a menudo que si bien puede haberse cometido un asesinato, fue un caso de enemistad o venganza personal, y no realizado de forma oficial”, dijo a la prensa en Ginebra.
Zabihullah Mujahid, vocero principal del Talibán, afirmó que el gobierno ha cumplido sus promesas de amnistía general y que el Talibán investiga con seriedad “algunos casos de (ataques) desconocidos y venganza personal”.
"En lugar de comprender la realidad de Afganistán y ver novedades positivas”, Naciones Unidas y otros “siempre buscan aspectos negativos”, afirmó en la red social X, antes conocida como Twitter.
Pese a sus promesas iniciales de que ejercería un gobierno moderado, el Talibán ha impuesto duras normas, prohibido la educación de las niñas a partir de sexto grado y expulsado a las mujeres de la vida pública y casi todos los empleos, incluso para organizaciones no gubernamentales y Naciones Unidas.
Esos edictos provocaron indignación internacional contra los talibanes, que ya estaban aislados y cuyo gobierno no ha sido reconocido oficialmente por Naciones Unidas ni la comunidad internacional.
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El periodista de Associated Press Jamey Keaten en Ginebra contribuyó a este despacho.
