SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Una coalición de grupos defensores de los derechos humanos lanzó nuevas críticas el martes en contra de un centro privado de detención de migrantes de Nuevo México, en donde —aseguran— las revisiones expeditas de solicitudes de asilo a menudo se llevan a cabo sin asesoría legal o sin las medidas de privacidad adecuadas durante testimonios delicados.
Los grupos aseguran que las fallas en el sistema de revisión del Centro de Detención del condado de Torrance significan que los migrantes con argumentos sólidos y viables para obtener el asilo —que no pueden volver a su país debido a una persecución en su contra o a la amenaza de tortura— en su lugar están siendo designados indebidamente para deportación, mientras el gobierno del presidente Joe Biden intenta imponer restricciones severas a los migrantes que tienen la esperanza de obtener asilo en la frontera.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) y otros tres grupos de activistas que brindan servicios legales a los solicitantes de asilo presentaron sus denuncias y hallazgos en un documento de 187 páginas. Hacen un llamado al gobierno federal para que ponga fin a su contrato con la compañía privada que administra la instalación, la cual está bajo supervisión del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés). El reporte también compiló quejas de represalias contra los migrantes que presentan objeciones a los procedimientos de asilo y a las condiciones dentro del lugar.
El documento se produce casi un año después de que el migrante brasileño Kesley Vial se quitó la vida dentro de la instalación del condado de Torrance. El joven de 23 años estaba programado para ser expulsado del país.
La mayoría de las entrevistas iniciales dentro del lugar se llevan a cabo sin acceso a orientación legal, y se omiten cotidianamente otros requerimientos legales clave, asegura la coalición. Cuando los migrantes apelan su rechazo inicial ante un juez de inmigración, a muchos de ellos se les niega el acceso a los expedientes de sus propios casos, dejándolos impugnando “decisiones secretas que nunca han visto”, según el reporte.
El centro del condado de Torrance fue adaptado en enero para llevar a cabo revisiones expeditas de solicitudes de asilo una vez que las autoridades de inmigración comenzaron a retirar gradualmente las restricciones al asilo relacionadas con el coronavirus que permitían que Estados Unidos expulsara rápidamente a los migrantes, según el reporte. La denuncia detalla cómo el ICE ha acelerado cientos de revisiones de solicitudes de asilo dentro del lugar ubicado en Estancia, a unos 400 kilómetros (250 millas) al norte de la frontera con México.
Grupos de activistas calculan que 30% de los detenidos que se encuentran en el lugar han pasado las revisiones desde diciembre de 2022, un número muy por debajo del promedio nacional de 73% para el periodo de diciembre a julio. El promedio nacional cayó a 56% en el periodo del 16 al 31 de julio.
Por separado, el gobierno federal implementó en abril las revisiones expeditas de asilo en centros de detención de la Patrulla Fronteriza ubicados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, en donde en buena medida no se han cumplido las promesas de acceso a asesoría legal.
Quienes superan el primer filtro — para determinar si existe un “temor creíble” de persecución o tortura — generalmente son puestos en libertad dentro de Estados Unidos para continuar con sus casos de asilo en los tribunales. Quienes no pasan la revisión deben ser deportados.
“El proceso de miedo creíble en el Centro de Detención del Condado de Torrance es particularmente defectuoso, las tasas de aprobación son inusualmente bajas y muchos de los individuos detenidos son privados del debido proceso”, asegura el reporte, firmado por el New Mexico Immigration Law Center, Las Americas Immigrant Advocacy Center y el Innovation Law Lab.
La denuncia administrativa fue presentada directamente ante las autoridades federales de inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, y en ella exhortaban a la agencia a cancelar el contrato del condado de Torrance con la empresa privada de detención CoreCivic.
Representantes de prensa del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron por el momento al reporte. El portavoz de CoreCivic Brian Todd dijo que el documento es impreciso y engañoso.
“Estamos comprometidos firmemente a brindar acceso a asesoría legal y a los tribunales a todos aquellos bajo nuestro cuidado”, dijo en un email.
De momento se desconoce si las disposiciones de revisión del ICE en el condado de Torrance se replican en otros lugares, y los grupos activistas no sondearon instalaciones en otros estados como parte de la denuncia.
El reporte también describe situaciones en que otros migrantes podían escuchar fácilmente las entrevistas de revisión iniciales vía telefónica con los agentes de inmigración, mencionando testimonios de migrantes que expresaron su preocupación ante la falta de privacidad y el temor de relatar la persecución de la que fueron objeto en el extranjero, incluidas instancias de abuso sexual o conflictos con el crimen organizado. Dichas entrevistas iniciales se llevan a cabo en cubículos separados por delgados compartimientos que no llegan hasta el techo y que cuentan con máquinas de ruido blanco que, según los reportes, no hacen lo suficiente para ahogar las conversaciones.
Alberto Méndez, un salvadoreño de 33 años, dijo que la revisión de su solicitud de asilo en el Centro de Detención del Condado de Torrance se llevó al mismo tiempo que la de otros 15 migrantes, sin asesoría legal previa, y terminó siendo rechazado.
“Las cabinas no tienen techo arriba, sólo tienen un separador. Entonces todos escuchamos lo que están hablando”, dijo Méndez, padre de tres hijos que trabajaba como cocinero y conductor de Uber a las afueras de San Salvador hasta que salió huyendo de las amenazas y las incesantes campañas de reclutamiento del crimen organizado.
“Mi miedo era de que lo que uno dijera se divulgara en el país de uno”, añadió. "Que ahí la gente se da cuenta y eso puede traer represalias y consecuencias aún más grandes”.
Además de los problemas en los procedimientos, un órgano federal de control interno detalló a principios de 2022 condiciones inseguras e insalubres dentro del lugar durante una inspección imprevista, recomendando que todos fueran transferidos a otros lugares. Funcionarios de CoreCivic y el ICE disputaron los hallazgos del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional.
CoreCivic ha dicho que el centro de detención es monitoreado por el ICE y que debe someterse a revisiones y auditorías de forma regular para garantizar un estándar de vida adecuado para todos los detenidos y apegarse a las estrictas políticas y estándares de la agencia.
El respaldo de los funcionarios electos a la instalación ha menguado. Seis senadores federales, incluidos Martin Heinrich y Ben Ray Luján por Nuevo México, exhortaron el año pasado al ICE a que cancelara su contrato en el condado de Torrance.
Un panel de legisladores estatales se reunió el martes para analizar nuevamente una iniciativa fallida para restringir la detención de inmigrantes en Nuevo México. El Senado del estado votó en marzo pasado en contra de la medida, la cual habría prohibido a las agencias de gobierno locales firmar acuerdos con el ICE para detener a migrantes mientras solicitan asilo.
Estados como California, Illinois y Nueva Jersey han promulgado iniciativas en los últimos años con el fin de controlar a los centros de detención de migrantes ubicados dentro de sus territorios.
