CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Fiscalía General de Guatemala pidió el miércoles que se les retire la inmunidad a tres jueces del Tribunal Supremo Electoral por la inscripción supuestamente irregular de un candidato en una nueva arremetida contra ese tribunal, mientras se esperan los resultados oficiales de la segunda ronda presidencial.
La solicitud de retiro de inmunidad es para la magistrada Irma Palencia, el juez Mynor Custodio Franco Flores y el suplente Álvaro Ricardo Cordón Paredes por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la constitución por permitir la postulación a diputado de Manuel Antonio Baldizón Méndez, que finalmente fue cancelada. Baldizón nunca participó en las elecciones.
Se trata de un nuevo episodio de persecución judicial del Ministerio Público, dirigido por la fiscal Consuelo Porras, contra el ente electoral luego del balotaje que consagró al progresista Bernardo Arévalo, quien ha prometido combatir la corrupción y sanear instituciones como la Fiscalía General. Porras fue sancionada por el gobierno estadunidense por bloquear la lucha contra la corrupción y socavar la democracia.
El Poder Judicial ha emprendido varias acciones legales contra los involucrados en el proceso electoral. El martes otra fiscalía pidió el levantamiento de la inmunidad de Ramiro Muñoz, registrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por haber permitido la inscripción del partido Prosperidad Ciudadana que luego fue descalificado para continuar en la contienda.
Muñoz se negó a acatar una orden de un juez que suspendía la personalidad jurídica del partido porque, alegó, la ley electoral tiene rango constitucional y sostiene que ninguna fuerza política puede ser suspendida en medio de un proceso electoral.
Baldizón Mendez fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico para su campaña presidencial en 2019 y deportado a Guatemala tras cumplir su condena. También está acusado de estar ligado a los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obtener contratos para hacer obras públicas en Guatemala.
