MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
En un comunicado, JUPOL se refiere a la orden del departamento que dirige en funciones Fernando Grande-Marlaska que, según explicaron fuentes de Interior, "clarifica las competencias originales" tanto de la Guardia Civil como de la Policía en lo que respecta a sus comunicaciones con Frontex, la agencia europea de fronteras.
La orden ministerial corregía una anterior, publicada en el BOE el 25 de julio. Asociaciones profesionales de la Guardia Civil reaccionaron a este primera orden alertando de que iba en detrimento de las competencias del Instituto Armado en puertos y aeropuertos en lo relativo a la gestión operativa de la inmigración irregular.
FALTA DE CRITERIO Y CRÍTICAS AL DIRECTOR
Sin embargo, JUPOL interpreta que la orden en vigor, fechada el 16 de agosto, lo que hace es "consumar una cesión de las competencias de la Policía Nacional en materia de control de fronteras". En concreto, denuncian que el Punto Nacional de Contacto con Frontex "se traslade" desde la Dirección General de la Policía a la Dirección General de Extranjería y Fronteras, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
"Este cambio de criterio supone un agravio para la Policía Nacional, que verá reducidas sus competencias sin que exista una razón operativa real y basándose solo en la falta de criterio y de fuerza institucional que vienen demostrando el director general de la Policía, Francisco Pardo, y el director adjunto operativo, José Ángel González, que han plegado los intereses de la Policía ante las presiones ejercidas por asociaciones de la Guardia Civil", sostiene.
Para JUPOL, el anuncio supone una "merma competencial del 80 por ciento" para la Policía Nacional, ya que resta interlocución con Frontex al operador encargado de la inspección fronteriza.
QUEJAS DESDE LA GUARDIA CIVIL
Desde sectores de la Guardia Civil, por su parte, denunciaron que sus homólogos de la Policía les dejaban "a ciegas" en lo relativo a las comunicaciones de coordinación para hacer frente a la inmigración irregular con los medios financiados por Frontex. También hubo quejas al interpretar que Interior había respaldado la gestión de comisarías en los recintos aduaneros, en detrimento de sus competencias.
En la orden publicada en el BOE este jueves, 17 de agosto, se desarrolla la estructura de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, de acuerdo a las normas europeas, subrayando que lo que se persigue es "la máxima eficacia y racionalización" tanto de este cuerpo policial como de la Guardia Civil, "en el ámbito de sus respectivas competencias y bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad".
Las fuentes de Interior subrayan que el error en la versión de la primera orden ministerial se limitaba a la gestión del sistema de comunicaciones encriptadas con Frontex, y que la decisión del Ministerio es que esto se regule desde un espacio neutral con representantes de Guardia Civil y Policía, pero bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Seguridad.
