CARACAS (AP) — Amnistía Internacional denunció el martes que las detenciones en Venezuela por motivos políticos continúan siendo utilizadas como un instrumento de control y represión.
En un reporte de 30 páginas, la organización humanitaria dijo que “estas detenciones han sido parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población en Venezuela y, por lo tanto, podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
El informe resaltó que en los arrestos ocurridos entre 2018 y 2023 se utilizaron tribunales especiales con competencia en terrorismo que aplicaron penas severas “con un bajo estándar de evidencia".
En consecuencia, la organización consideró que “el objetivo de las detenciones arbitrarias, tal como se llevan a cabo en Venezuela, es neutralizar cualquier percepción de amenaza en contra del gobierno y las políticas” del presidente Nicolás Maduro. A su vez indicó que no sólo se han usado contra activistas políticos sino también contra defensores de los derechos humanos, sindicalistas y trabajadores que reivindicaban derechos laborales, entre otros.
Agregó que, en ocasiones, las detenciones tienen otros fines políticos y se dirigen a personas "asociadas con el sujeto principal que se busca silenciar, teniendo un efecto de retaliación o de coacción”.
De acuerdo con Amnistía Internacional en Venezuela hay cerca de 300 personas apresadas por motivos políticos de las cuales destacó nueve casos “emblemáticos”, entre ellos el del director del grupo no gubernamental de derechos humanos FundaREDES, Javier Tarazona, aprehendido en julio de 2021 después de denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por la policía del estado occidental de Falcón y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, entre otros sujetos sin identificar.
La detención, junto con la de otros activistas del grupo, se registró dos días después de que FundaREDES en una rueda de prensa en Caracas denunció los supuestos vínculos de funcionarios del gobierno de Maduro con grupos armados ilegales de Colombia.
Amnistía Internacional pidió al gobierno venezolano liberar a todos los detenidos y exhortó a la comunidad internacional a exigir garantías a Venezuela para evitar que se registren nuevos arrestos arbitrarios, así como apoyar la labor de la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI determinó en junio que los fiscales internacionales debían reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela cometidos por las fuerzas de seguridad bajo el mando de Maduro.
El gobierno venezolano, por su parte, niega que hayan ocurrido delitos de lesa humanidad.
