MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La OEA ha indicado que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) "pretende suspender de sus derechos" a la formación política después de que haya contado "con amplio apoyo popular", en lo que considera "una interpretación abusiva de la ley".
"Ello viola no solo toda garantía al debido proceso, sino que vulnera también las normas internacionales que en materia de respeto a los Derechos Humanos garantizan la protección de elegidos y electoras", reza un comunicado del organismo, que agrega instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos "obligan a Guatemala" a proteger los "referidos derechos".
En este sentido, la Secretaría General de la OEA ha reiterado su llamamiento "una vez más al cese de acciones que erosionan el Estado de derecho", al tiempo que ha reiterado "la importancia de atenerse a los principios democráticos y al respeto de la voluntad ciudadana".
El encargado del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, ha accedido a suspender al partido político al considerar que el amparo concedido por la Corte de Constitucionalidad ya no tiene vigencia "derivado que, a la presente fecha ya se celebró la segunda vuelta electoral y se establecieron los escrutinios correspondientes".
La vicepresidenta electa, Karin Herrera, ha reaccionado a la suspensión, indicando que "esta resolución es nula de pleno derecho", por lo que este martes presentará el recurso de nulidad correspondiente.
"Adicionalmente, Semilla presentó un amparo ante los magistrados de la Sala Segunda, solicitando que se ponga fin a la persecución política que ilegalmente ha encabezado el juez Fredy Orellana junto al fiscal Rafael Curruchiche", ha agregado Herrera, que ha indicado que se han realizado "acciones ilegales que violentan las garantías del debido proceso, vulnerando el derecho de defensa, audiencia y tutela judicial efectiva".
Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes --en comparación con lo que auguraban los sondeos-- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.
