MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Según figura en el portal del Ciadi, la demanda se registró el martes, 29 de agosto, contra la Procuración del Tesoro de la Nación de la República de Argentina, invocando las reglas de arbitraje que aplica a los convenios internacionales.
La firma española controlada por la italiana Mundys y ACS ha comenzado la disputa a través de sus representantes legales Freshfields Bruckhaus Deringer, radicado en Nueva York, y Marval, O'Farrell & Mairal, ubicado en Buenos Aires.
Abertis responde así a las demandas de lesividad recibidas por parte del Estado argentino para revertir sus dos concesiones en el país, al considerar el Gobierno nulo el acuerdo integral de renegociación contractual que el anterior Ejecutivo de Mauricio Macri firmó en 2018 con Abertis.
Este acuerdo supuso otorgar una extensión de ambas concesiones hasta el año 2030. Sin embargo, el actual Gobierno de Alberto Fernández decidió revisar estas concesiones con una auditoría, que reveló "objeciones en relación a la legitimidad" de esa renovación.
La primera de las carreteras es Acceso Norte (Ausol), tiene una longitud total de 120 kilómetros y está controlada en un 31,59% por Abertis (participada, a su vez, por ACS y la italiana Atlantia). Su concesión acabó el pasado 31 de diciembre de 2020.
Por su parte, el Acceso Oeste (GCO) comprende una longitud total de alrededor de 55 kilómetros y su concesión finalizó el 31 de diciembre de 2018. La concesionaria está controlada en un 42,87% por Acesa, compañía del grupo Abertis.
La compañía española ya recurrió al Ciadi para denunciar a Argentina en 2015, en ese caso por los desequilibrios que presentaban estas dos autopistas, tras congelar hace más de una década el Gobierno las tarifas de peaje.
De hecho, el acuerdo con el Ejecutivo de Macri respondía a la resolución de ese arbitraje, que supuso compensar a la empresa con una extensión del contrato hasta 2030 y que equivalía a unos 223 millones de euros, el importe que habría dejado de ingresar por la congelación de los peajes.
Sin embargo, el nuevo Gobierno defiende que la auditoría también reveló el pago de una deuda por parte del Estado de 816 millones de euros y el incremento en 20 veces de las tarifas de peaje, al mismo tiempo que asegura que las obras ejecutadas en la vía se financian con un fondo público y no por la compañía.
