MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El diputado jefe de la bancada, Samuel Pérez Álvarez, ha explicado que las medidas tomadas son la presentación ante la CC de una denuncia en contra de la Junta Directiva por "resoluciones violatorias de la Constitución y por abuso de autoridad" y de un amparo contra la misma "por tomar decisiones sin el procedimiento adecuado".
Pérez Álvarez ha aseverado que el objetivo es que la corte les "resuelva favorable y que por una vez se pueda acabar con esta persecución política". "Ellos pretenden amedrentar a la bancada Semilla actual, así como a la bancada Semilla electa", ha afirmado.
"Invitamos, además, al pueblo de Guatemala a no creerle a los corruptos. Vamos a dar la batalla legal y la acción política que sea necesaria para defender la voluntad popular", ha manifestado el diputado jefe.
El Congreso guatemalteco aprobó este miércoles la medida, indicando que se ha procedido con lo establecido por la legislación tras "lo decretado por el juez séptimo, que ordenó la suspensión del partido Movimiento Semilla".
Esto se produce después de que el Ministerio Público de Guatemala (MP) pidiera al Congreso la suspensión de la formación, por lo que ahora los diputados formarán parte de la llamada 'bancada independiente' y no podrán constituirse como un único bloque legislativo, a la par que tampoco podrán presidir comisiones de trabajo, entre otras.
Según la Fiscalía, Movimiento Semilla habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.
El presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró el lunes que la transición de gobierno se llevará a cabo el próximo 14 de enero de 2024 de forma "ordenada", "transparente" y "eficiente" tras la publicación oficial de los resultados de los comicios por el Tribunal Supremo Electoral, que reflejan la victoria de Arévalo.
Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes --en comparación con lo que auguraban los sondeos-- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.
