CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las madres de algunas de las 111.000 personas que han desaparecido en México a lo largo de varias décadas de violencia conmemoraron el miércoles el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con protestas y exigencias de que el gobierno haga más para localizar a sus seres queridos.
Se cree que la mayoría de los desaparecidos han sido raptados por cárteles del narcotráfico o por secuestradores, y que sus cuerpos fueron enterrados en fosas poco profundas o fueron quemados.
Algunas de las personas que marcharon por una de las principales avenidas de la Ciudad de México también protestaban por el aparente intento del gobierno de minimizar el problema.
Alrededor de 200 manifestantes — en su gran mayoría mujeres — gritaban al unísono: “¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos?”
Edith Pérez Rodríguez, una de las manifestantes, llevaba una camiseta estampada con las fotografías de sus dos hijos: Alexis y José Arturo Domínguez Pérez. Desaparecieron sin dejar rastro hace una década en el estado de San Luis Potosí.
La falta de recursos financieros y humanos han hecho que los policías y fiscales sean incapaces de llevar a cabo siquiera las búsquedas más básicas, dejándole la tarea a grupos de voluntarios compuestos de madres, quienes a menudo caminan con palas y hunden varillas de acero en el suelo para detectar el olor de los cuerpos en descomposición durante sus recorridos por lugares donde sospechan que se ubican las fosas.
“Si nosotros no buscamos a nuestros hijos, nadie lo va a hacer”, dijo Pérez Rodríguez.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que la cifra de personas desaparecidas está inflada y que muchos de ellos podrían haber regresado a casa y no se molestaron en notificar a las autoridades. El mandatario ha lanzado una enorme campaña en la que personal militar y civiles poco calificados van puerta por puerta para preguntar a los residentes si sus familiares desaparecidos han regresado, y después cotejar sus nombres con los listados de vacunación.
Los activistas afirman que sería mejor invertir ese dinero en la búsqueda de los desaparecidos, o al menos de sus cuerpos.
“¿Qué van a hacer?”, preguntó Pérez Rodríguez, quien aseguró que cada agente tiene que manejar cerca de 250 casos de personas desaparecidas, por lo que en realidad no tienen tiempo para investigar.
“Por eso estamos aquí”, puntualizó, mientras señalaba a decenas de madres que participaron en la protesta. “Para decirle al presidente que no son cifras elevadas, que es la realidad”.
Marchas similares se llevaron a cabo en otras ciudades del país.
Irma Guerrero ha estado buscando a su hijo, David, quien desapareció en San Luis Potosí el 13 de enero de 2022. Desde entonces, asegura que no ha recibido “nada, nada de nadie”, en cuanto a ayuda.
Cuando se le preguntó sobre la renuncia de la comisionada de Búsqueda, Karla Quintana, la semana pasada, Guerrero señaló que no le importa.
“Sólo saben algo los malos, y ellos no ayudan”, comentó Guerrero.
Quintana, quien no dio motivos de su dimisión, aparentemente se oponía al envío de personal poco calificado a entrevistar a los familiares de las víctimas. Dichos interrogatorios a familias que ya pasaron por eventos traumáticos podrían resultar perjudiciales, afirman los activistas.
Pocos dudan que podría haber personas listadas como desaparecidas que volvieron a casa. Pero muchos también creen que una cifra igual de considerable de personas desaparecidas en las regiones más violentas del país nunca fueron reportadas por sus familiares, ya sea por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades.
La desconfianza es generalizada.
Jessica Martínez Cervantes sigue buscando a su hermano Esteban, quien también desapareció en San Luis Potosí en julio de 2020.
“Nada, absolutamente nada”, respondió cuando se le preguntó qué tipo de ayuda ha recibido del gobierno.
