LIMA (AP) — Líderes indígenas de Perú y las viudas de cuatro nativos asesinados en 2014 por denunciar la tala ilegal de los árboles de la Amazonía protestaron el jueves luego de que una remota corte judicial de una región fronteriza con Brasil anulara una condena emblemática contra cinco traficantes de madera.
Una sala de apelaciones de la región Ucayali ordenó el martes que el juicio vuelva a empezar. Asimismo indicó que se anulaban las sentencias de febrero que ordenaban 28 años de cárcel contra cinco traficantes de madera. Tres trabajadores madereros fueron hallados culpables por homicidio calificado con alevosía y otros dos empresarios fueron sentenciados como autores mediatos.
“Acaban de dar un camino libre para que los madereros ilegales nos sigan asesinando”, dijo Jamer López, un líder regional de la organización indígena más grande de la Amazonía de Perú, AIDESEP. “Nuevamente el Estado nos ha demostrado que la justicia para el indígena no existe en el Perú”, añadió en una conferencia en Lima hasta donde viajaron para quejarse debido a que en su región no son escuchados.
La región Ucayali está ubicada en la Amazonía peruana y limita con el estado de Acre en Brasil. Es una de las regiones más afectadas por la tala ilegal de madera. Según la ONU, la deforestación es el crimen ambiental más rentable y deja al menos 50.000 millones de dólares en daños económicos al año. En la última década el narcotráfico en la región ha ido en aumento, según las autoridades nacionales.
Los asesinatos de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo —quienes exigían títulos de propiedad para su comunidad nativa y denunciaban la tala de madera por seis años— ocurrieron el 1 de septiembre de 2014, meses antes de una cumbre global de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Lima. Un año después de los asesinatos y por la presión mediática, la comunidad Alto Tamaya-Saweto obtuvo el título de propiedad que tanto anhelaban los dirigentes fallecidos.
Yusen Caraza, abogado de los familiares de las víctimas, dijo en la conferencia que la corte judicial de la región Ucayali anuló las condenas por supuestamente no hallar pruebas suficientes para las sentencias y por varios errores de procedimiento. “Queda un largo camino todavía”, dijo cuando el viernes 1 de septiembre de 2023 “se iban a cumplir nueve años de los asesinatos”.
“Ha pasado tanto tiempo que una de las viudas de los asesinados ha fallecido y una gran parte de los huérfanos ya tiene mayoría de edad, han crecido sin sus padres, sin la compañía paterna, sin el apoyo económico, moral y sentimental que significa eso”, indicó.
Las viudas de los defensores indígenas asesinados vestidas con sus trajes tradicionales y con los rostros maquillados con un tinte vegetal rojizo expresaron su frustración en lengua asháninka y en español. Ergilia Rengifo, la esposa del fallecido Jorge Ríos, dijo que como peruana indígena de la etnia asháninka se sentía humillada, sin apoyo de la fiscalía. "No existo en el Perú”, comentó. Su comunidad Alto Tamaya-Saweto está ubicada a casi ocho horas navegando en bote desde Pucallpa, la capital regional de Ucayali.
Al momento no se han conocido pronunciamientos públicos del Poder Judicial ni del Ministerio del Ambiente.
Desde 2020 se han reportado 154 amenazas contra la seguridad personal recopiladas contra defensores de derechos humanos en Perú, de las cuales el 25% tienen como causa la tala ilegal de la madera en la Amazonía, según datos del ministerio de Justicia.
Un total de 51 defensores del medioambiente fueron asesinados en Perú entre 2012 y 2021, según datos recopilados por Global Witness. Perú no tiene un registro oficial de asesinados a causa de la defensa del medioambiente.
